Edgar Ramírez, el mítico dirigente minero apodado “Huracán”, fue de aquellos que se elevó por encima de sus pares con una estatura moral difícil de encontrar: firme de convicciones, hombre que no tenía embargada su voz con nada ni con nadie, transitó la vida con humildad, huyendo de la fama, de los halagos y los elogios como de la peste. Leal a la certeza de que el poder de transformación de la sociedad es un hecho colectivo y no de individualidades, huía de la notoriedad para refugiarse en el crisol de la lucha anónima, pero efectiva. Lo pinta de cuerpo entero aquella anécdota de la inauguración de su obra, las modernísimas instalaciones del Archivo Histórico de la COMIBOL; entonces, el ministro de turno envió una placa en la que, para no salirse del libreto de los figurones, hizo colocar su nombre. Vísperas de la inauguración, manos de un ex perforista de interior mina la hicieron retirar y fundir de nuevo, para escribir en ella que esa obra se debía sólo al sacrificio y a la entrega de todos los anónimos trabajadores mineros de su patria.

Le tocó llegar al más alto sitial de la vida sindical del país, la Secretaría Ejecutiva de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, en circunstancias históricas adversas. Había comenzado el inexorable camino de la “relocalización”, eufemismo acuñado por los neoliberales para explicar el despido masivo de trabajadores de las minas, que quedaban cesantes por miles. 21.310 fueron despedidos entre 1986 y 1990. Ello explicaría por qué aquel Congreso Minero de La Chojlla, en 1988, tendría una reducida participación de 237 delegados, en contraste con los 725 del anterior realizado en Siglo XX dos años antes. Aun así, el encuentro minero fue escenario de una batalla ideológica sin cuartel entre una ya rendida dirigencia que se batía en retirada y una nueva camada, dirigida por Edgar Ramírez, que prometía dar desigual batalla. Fue cuando resultó elegido en reñidísima votación, sobre la candidatura hasta entonces siempre ganadora del Partido Comunista.

Años antes, en 1980, el golpe militar de Luis García Mesa se había ensañado contra los archivos que se encontraban en la sede de la FSTMB de la ciudad de La Paz, el mismo escenario de aquella ráfaga asesina que acabaría con la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Una enorme hoguera dio fin con toda la documentación, como muestra de la barbarie de aquellos golpistas que pretendieron, literalmente, acabar con los idearios de justicia social a sangre y fuego. (A propósito, habida cuenta de que el golpe culminó con la renuncia de la entonces Presidenta Lidia Gueiller, ¿será que los actuales plumíferos del golpismo de Jeaninne Añez sostengan también la tesis de que no fue golpe, porque hubo renuncia de por medio?).

Por aquel entonces, un estudioso holandés, Jeroen Strengers, hacía su tesis sobre la Asamblea Popular y se entusiasmó con la idea del “Huracán”, de reconstruir el archivo de la FSTMB que, a su juicio, se encontraba disperso en la diversidad de centros mineros del país. La hipótesis del histórico dirigente minero resultó correcta. Para verificarla en la práctica, se organizó el Sistema de Documentación e Información Sindical (SIDIS), con base en el trabajo voluntario de dos personas. Por aquellos años, la palabra “joint venture” (riesgo compartido) era el sambenito con el que se entregaban las reservas mineras a la voracidad de empresas transnacionales, que no invertían un peso en la exploración, sino que se aprovechaban de los numerosos estudios hechos por ingenieros y técnicos patriotas que trabajaron en la COMIBOL. Un término aborrecido por los trabajadores y su dirigencia sindical. Fue cuando se le propuso a Edgar Ramírez un “joint venture” para conseguir el financiamiento para apurar el trabajo. Financiar un viaje a Europa; si se conseguía el apoyo, se devolvía el costo del viaje a los dos audaces. En solemne sesión de la directiva de la FSTMB, el “Huracán” Ramírez anunció que, por única vez y excepcionalmente, se aceptaba una propuesta de esa naturaleza. El viaje resultó un éxito y se consiguió el financiamiento para la primera etapa del SIDIS. Se firmó un convenio con la Universidad Mayor de San Andrés para que estudiantes de la carrera de Historia y Bibliotecología hicieran una pasantía. Los viajes a los centros mineros se sucedieron uno tras otro; se rescató, de esa forma, los archivos originales de los sindicatos, que les eran devueltos una vez reproducidos. Edgar Ramírez no sólo fue un impulsor de la iniciativa, sino que se hizo cargo personalmente del monitoreo del proyecto, que dependía en un 100% de la FSTMB. Para cada viaje, tomaba los recaudos correspondientes, orientando el trabajo y sugiriendo nombres de trabajadores que él conocía, afectos a guardar y conservar documentos. Sus indicaciones resultaron siempre certeras.

En ese empeño, participo de diversas reuniones, tanto nacionales como internacionales. Dejaba pasmados a sus interlocutores con una prodigiosa memoria a la que apelaba para dar datos precisos de documentos, fechas, transacciones y todo tipo de hechos. Ann Brown, por aquel entonces alta funcionaria de la Federación Internacional de Mineros con sede en Bélgica, intrigada por su sapiencia, le preguntó cuál era su profesión. Edgar le confesó que apenas había cursado los primeros cinco años de primaria. Fue un autodidacta que no se conformó con aprender a leer y a escribir, sino que se empeñó en escudriñar más allá de la apariencia, todo tipo de temas. Un buen día, nos convocó de urgencia a las oficinas de la FSTMB; apenas entramos, las puertas se cerraron con llave. Allí estaba el “Huracán”, guitarra en mano, para cantar y hablar de música. Nos amanecimos, entre canto, singani y charla; quedé impresionado por sus vastos conocimientos de la música boliviana.

Muchos años después, lo encontré dirigiendo el Archivo Histórico de la COMIBOL. Le pedí una entrevista periodística; se iniciaba el gobierno de Evo Morales y urgía saber qué hacer en materia de políticas mineras. Iniciada la entrevista, publicada luego en el Semanario El Plumazo, le pregunté sobre la pertinencia de nacionalizar San Cristóbal, aquel cerro lleno de plata que se había adjudicado a una transnacional para su explotación. Me sorprendió su respuesta: no había que nacionalizar nada; había que devolverle a COMIBOL las competencias y atribuciones que tenía cuando su fundación, de explorar, explotar, industrializar, investigar, procesar y comercializar los minerales en Bolivia; mismas que habían sido reducidas por los gobiernos neoliberales a la simple tarea de representar al Estado en las leoninas concesiones a privados. Si la empresa volvía a ser la de antes –sostenía el “Huracán”– entonces podría emprender la explotación de otros cerros aún más ricos que San Cristóbal. Esos reservorios se encontraban plenamente identificados desde las épocas de Simón I. Patiño, en una maqueta que recogía el levantamiento de yacimientos de minerales que había encargado el magnate a los más célebres ingenieros del mundo, a los que contrató para investigar la riqueza minera de Bolivia. La maqueta aún se encuentra en el Archivo de la COMIBOL; y es una de las rarezas que la tozudez de este minero sin formación académica alguna, rescató para el acervo histórico boliviano.

Hoy, ese Archivo es uno de los más renombrados de América Latina. Con la tecnología de punta y una infraestructura de primer nivel, está a la par de cualquier centro de documentación europeo. Sólo pudo ser concebido en la mente brillante de un sabio. Así lo califiqué en vida, cuando el maestro Luis Oporto Ordoñez recopiló esa monumental obra llamada Guardianes de la Memoria, un diccionario bibliográfico de quienes en Bolivia se dedicaron a la preservación del patrimonio documental.

Edgar Ramírez Santiesteban fue, a no dudar, un sabio de nuestro tiempo.