TCOs en Peligro

1990, fue el año de la Reforma Agraria para los pueblos indígenas de la amazonía boliviana, en ese año, los pueblos indígenas arrancaron un decreto al gobierno de J. Paz que les garantizaba la propiedad de sus territorios, constantemente amenazados y avasallados por la expansión de la frontera agrícola del sistema latifundista y los saqueadores de madera.

Luego de casi 20 años, la nueva Constitución Política del Estado consolidó no solamente la propiedad de territorio, sino ampliando el catálogo de derechos con estas palabras: “En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 1. A existir libremente. 2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión. 3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. 4. A la libre determinación y territorialidad. 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. 6. A la titulación colectiva de tierras y territorios. 7. A la protección de sus lugares sagrados.”

Todas las conquistas, no solamente de los pueblos indígenas, sino de todo ciudadano y ciudadana en Bolivia se encuentran en peligro de ser anuladas. El retorno del sistema neoliberal de gobierno se encuentra metódicamente enfrascado en desmontar el Estado Plurinacional y esto supone ignorar la actual Constitución Política del Estado, todos los decretos contravienen los preceptos constitucionales, pero no existe la suficiente fuerza política para frenar este monopolio del poder ya que el principio liberal de la “independencia de poderes” no existe. El control de las grandes cadenas de medios de comunicación, le permite al gobierno, naturalizar una gestión altamente cuestionable por la falta de transparencia en sucesivos actos ligados a la corrupción en los mecanismos de control, policial, aduanero y del propio Ministerio de Gobierno.

Los pueblos y naciones de la amazonía boliviana han sido ignorados desde siempre, la consolidación de sus territorios les ha permitido frenar su extinción y ser reconocidos como parte del Estado. Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) son ahora codiciadas por su potencial minero, maderero, como tierra de cultivo y también como “reserva”, es decir el Estado, en sus diferentes niveles (central, departamental y municipal) quiere ser nuevamente el dueño y rector de los TCO, y para ello utiliza mecanismo como los Planes de Uso de Suelo (PLUS) intervenciones que no cuentan con la consulta previa como requisito fundamental, por otra parte muchas ONGs que forman parte del negocio de los bonos de carbono apoyan estas iniciativas aplicando mecanismo extracomunitarios para “gestionar” los territorios sin respetar a las autoridades legítimas del mismo.

Está comprobado, además, que estos territorios están contaminados con la actividad minera, que sin ningún control explota la fuente principal de la generación de vida como es el agua. Por otra parte, es cierto que la corrupción también ha llegado a la práctica de algunos dirigentes, cayendo fácilmente en ofrecimientos de beneficio personal o por carencia de información abriendo las puertas a organizaciones depredadoras del medio ambiente.

Las TCO han logrado mantener modos de vida ajenos a la economía de mercado, existen naciones y pueblos que viven de la recolección, la caza y la pesca, que ahora se ven limitadas por la contaminación y la intervención en las TCO con políticas que pretenden controlar el manejo de los bosques.

Para una economía basada estrictamente en la minería del oro, que tiene capacidad de influir en el gobierno, poco le importa el ciclo de vida generado por la relación con naturaleza y su cuidado, poco le interesa la autodeterminación constitucional que protege a las TCO.

La actitud triunfalista que tiene la derecha boliviana, luego de la derrota de un bloqueo de más de 50 días está acelerando los procesos para consolidar políticas neoliberales y que sabemos, benefician solamente a las empresas transnacionales y a los sectores criollos ligados al modelo económico capitalista en su versión extractivista.

El peligro acecha cotidianamente a las Tierras Comunitarias de Origen, que hoy no tienen ni Estado ni Ley que las defienda.

En el mes de la Pachamama. Antonio Abal O.

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