El golpe de Estado de noviembre del año pasado avanza en sus objetivos. Con el patrocinio de los mismos actores que orquestaron el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral y el Poder Ejecutivo han aprobado una “nueva” ley electoral que es resultado de un acuerdo político partidario, que no contempla las demandas del pueblo movilizado

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