¿ Crisis de la Justicia o crisis del Estado?

Bolivia se debate en una crisis del Estado Moral en el sentido de Rousseau, y aquí debemos aclarar que seguimos viviendo en los marcos del Estado liberal diseñado a partir de la Revolución Francesa y que no ha cambiado pese a la reforma de la Constitución Política del Estado.

El escándalo desatado por un juez que liberó a un sentenciado a 30 años de prisión por delito de violación, cuestiona no solamente a la estructura jurídica del país, sino a todo el andamiaje estatal que, como señalamos en muchas oportunidades, es un andamiaje colonial.

Las señales de esta crisis se encuentran en los siguientes hechos: Un puente construido al margen de las políticas nacionales, destinado a la deforestación de la Amazonía boliviana, una red de corrupción instalada en las instituciones públicas en el departamento de Santa Cruz, destinado a recaudar fondos del Estado para provecho personal y de grupos de poder; altos jefes policiales detenidos por su participación en el narcotráfico, universidades convertidas en refugio de bandas paramilitares (noviembre 2019).

Y también una Central Obrera Boliviana apoyando la consolidación de un golpe de Estado, un gobierno que crea una comisión para investigar a sus propios ministros (por los feminicidios), estas son algunas pulsaciones de la crisis de un Estado que repite sus ciclos permanentemente, sin poder salir del círculo cerrado que es el poder colonial.

En ningún país colonizado existe la idealizada “separación de poderes”, el poder está asignado a quienes forman parte del sistema colonial de administración estatal y de gobierno. Podemos decir que en Bolivia existe una logia colonial del poder.

Juan José Castelli, que dirigió el ejército auxiliar en lo que hoy se conoce como Bolivia, señalaba en su conocida Proclama de Tiahuanacu: “…que los indios son y deben ser reputados con igual opción que los demás habitantes nacionales a todos los cargos, empleos, destinos, honores y distinciones por la igualdad de derechos ciudadanos…”.

Por supuesto que nada de esto ocurrió y los pueblos originarios fueron perseguidos y masacrados como en tiempos coloniales. Señalamos esto para configurar la estructura del poder oligárquico colonial, que ha configurado los Estados Nacionales y que se mantienen intactos; por eso la irrupción política de los pueblos originarios es un verdadero quiebre, que altera las relaciones de poder y genera una ofensiva como el golpe de Estado del año 2019 en Bolivia.

Fuera de un impacto momentáneo, esta irrupción de los pueblos originarios tiene sus réplicas en Perú y Chile, así sea en el plano simbólico.

Todos los esfuerzos por subordinar la potencia revolucionaria de los pueblos originarios a ciertas corrientes ideológicas, no tienen futuro y genera contracorrientes como en el caso boliviano, donde el propio Instrumento Político ha sido cuestionado, perdiendo una plaza electoral y simbólica como el departamento de La Paz y el Municipio de El Alto.

La crisis de Estado que en Bolivia comenzó el año 2000 con la Guerra del Agua, tuvo un periodo de sosiego en el periodo 2009 – 2019, pero en este mismo periodo se fueron incubando los elementos que hoy se muestran de manera descarnada en este periodo (2009 – 2019) el centro de la atención gubernamental fue la economía, descuidando justamente el carácter moral que conlleva una reforma estatal.

La lógica de acumulación colonial, logró penetrar en la estructura de gobierno y en la estructura partidaria del Instrumento Político, durante el periodo 2009 – 2019 y permitió ese quiebre moral de la reforma del Estado.

El incremento de los feminicidios y la banalidad de la justicia boliviana, tiene que ver con ese quiebre moral del Estado, que es un Estado patriarcal por su naturaleza ligada al colonialismo, y es este el terreno de la batalla, desmontar una maquinaria que desde 1532 se ha ido perfeccionando y remodelando en sus formas y manteniendo su estructura de poder.

*Camilo Katari, es escritor e historiador potosino

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