Autor: Camilo Katari

Hoy en el panorama político tras el informe de expertos de la Universidad de Salamanca y que a la Fiscalía le permitió cerrar el caso fraude electoral el único horizonte posible de certeza política que dirimirá las tendencias entre el gobierno y la oposición, es que los opositores enfrenten las consecuencias de lo que representó el montaje del fraude y que sirvió para azuzar el golpe de estado de 2019.

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Este 17 de julio se cumplen 41 años del Golpe de Estado de Luis García Meza, que junto a una Junta de Comandantes llevó unos de los golpes más cruentos de la historia boliviana. Ese 17 de julio en 1980, dicen los historiadores, el objetivo era asesinar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista (PS-1).

Al amanecer de ese 17 de julio, la presidenta Lidia Gueiler era informada del alzamiento de una parte del Ejército, en la ciudad de Trinidad, de inmediato Juan Lechín Oquendo, secretario ejecutivo de la COB, había convocado a una reunión de emergencia del CONADE. Más tarde, como a las 11.30, se efectuó el asalto a la COB, haciendo fuego contra la humanidad de Marcelo, las otras balas contra Carlos Flores Bedregal, quien muere en el acto y luego asesinan al dirigente minero Gualberto Vega Yapura.

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A partir de la irrupción de gobiernos de facto en América Latina en la década de los setenta y ochenta, el gobierno de los EE.UU. y la CIA, tienen una larga historia de violentas intervenciones en varios países de esta parte de América del Sur.

Fue en esos años que tuvo lugar un Plan Cóndor -una operación de coordinación criminal y apoyo mutuo entre las dictaduras del Cono Sur del continente americano bajo supervisión de la CIA para asesinar, espiar, vigilar, secuestrar, torturar e intercambiar personas ilegalmente entre países- hoy América Latina sufre un nuevo “Plan Cóndor” para reimplantar el neoliberalismo bajo el manto de ‘Golpe suave’.

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“Persecución política…”, “y eso también es persecución política”, repiten como loros los opositores a cualquier pedido que, bajo el manto legal de la Constitución, los organismos facultados por ley, están siguiendo el proceso indagatorio convocando a declarar a dirigentes políticos y allegados a Carlos Mesa, meten el argumento de “persecución política”, porque ya no tienen sustento sus discursos.

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La estrategia de desinformar, de manipular la información siempre ha sido un arma de los medios privados de comunicación en Bolivia, aliados de la oposición política para desviar los temas que la agenda política coloca en la coyuntura desde la llegada de Evo Morales al poder.

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“Algunos padres de doctrina se comportan como verdugos porque, personalmente, con sus propias manos castigan afrentosamente y sin miramientos azotan desnudos y en cueros a los indios, sin fijarse si las víctimas son indios principales y comunes. De este modo el padre verdugo azotó al cacique D. Francisco Auquiquia.

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