Autor: Camilo Katari

Uno de los argumentos para apoyar la legitimidad del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca es el 55% de votación recibida en las elecciones del 2020. Ahora bien, este porcentaje no es garantía suficiente para mantener un proceso de transformaciones en el Estado; las mismas disputas internas nos dicen que mayoría no es lo mismo que hegemonía.

Si entendemos la hegemonía como la dirección política a través del consenso, o como también se suele señalar, como la unión de teoría y práctica, veremos que para mantener una acción política de cambios la mayoría de votos recibidos no basta, sino la construcción del consenso ideológico es decir que el discurso se convierta en práctica.

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“Progresismo” así se denomina hoy, en política, a la actitud de convivencia con el capitalismo, como sistema económico y con el racismo que conlleva el capitalismo ligado al proceso colonial.

Francisca Sandoval, una comunicadora popular de los históricos barrios populares chilenos, edificados con las manos de obreros empobrecidos, ha sido asesinada por grupos que nos recuerdan las épocas del “Plan Cóndor” que fue implementada por los mismos mecanismos que deberían proteger la vida, el nuevo gobierno no puede con la vieja práctica represiva.

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Una dura batalla se libra en el departamento de Santa Cruz, el gobernador pretende arrasar con el partido de Rubén Costas y lograr la hegemonía política, unos personajes chilenos, penetran a territorio boliviano y demuestran que algunos jefes policiales, se encuentra en el negocio de los autos robados en Chile.

Hemos sido testigos que miembros de la aduana nacional son descubiertos destripando movilidades decomisadas para ser vendidas por partes, la justicia sigue en su práctica pendular respecto al juicio de Jeanine Añez, los consorcios descubiertos son cosa del pasado y no dan señales de cambio.

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La reciente contratación de un ex candidato a diputado por la oposición a la estructura gubernamental, ahora en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está perfilando una gestión ambigua en el actual esquema de gobierno.

No es la primera vez que se denuncia que opositores y golpistas se encuentran en la gestión de gobierno, listas completas han circulado y circulan en las redes sociales. Ninguna autoridad a salido a responder por estas denuncias, acompañadas en muchos casos, por pruebas tangibles.

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La Conferencia Episcopal de Bolivia anuncia su próxima reunión con una agenda que prioriza el análisis político económico del país, además, de la incorporación de la pregunta: “¿Qué religión profesa?”, en el censo de población y vivienda.

La jerarquía de la Iglesia Católica boliviana ha demostrado, desde hace tiempo, su desprecio por la actual Constitución Política del Estado, no se da por enterada que el Estado Plurinacional es un Estado laico; este despreció llegó a su momento más alto cuando esta jerarquía conspiró para dar un golpe de Estado, que dejó una economía destrozada y un país saqueado.

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Hemos comprobado en la ronda de alegados en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, hasta dónde la política chilena atraviesa muchos problemas internos en su afán de imponer su política respecto de las aguas del Silala y no ha encontrado mejor remedio a su situación que renovar su vieja política anti-boliviana, pese a los grandes avances que tuvimos con Michelle Bachelet en su primer gobierno, recordemos la agenda de 13 puntos que ella misma la frenó.

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No, no son notas referidas a la obra de Lenin, que entre otras cosas debate el futuro del Estado y el carácter comunista de la revolución. Se trata de impugnar la creencia de que en Bolivia hubo una radical transformación del Estado colonial.

El Estado, esa forma heredada del sistema colonial, ha quedado como responsable de: “garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”. (Art. 9 inciso 2 de la CPE).

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Existe la creencia muy arraigada, que fue el MNR el autor de la Reforma Agraria de 1953, cuando en realidad fue el punto de llegada y confluencia de la histórica lucha de resistencia al despojo de territorio de los ayllus y comunidades. Desde 1936 el movimiento campesino tenía muy clara la lucha por la propiedad de la tierra.

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