La dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez merecería un capítulo de la serie “Aunque Ud. no lo crea”, por las desatinadas decisiones que toma en todos los ámbitos administrativos del Estado. Su último decreto –el 4272, dizque orientado a la reactivación económica y a la generación de empleo– es un conjunto de normas que recuerdan al tristemente célebre DS 21060, mediante el cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro inauguró la negra noche neoliberal que asoló al país por más de diez años.

Las disposiciones de ese decreto apuntan nuevamente a achicar al Estado, relegándolo al papel de simple espectador de las decisiones que emanan del dejar hacer dejar pasar, tan caro para las mentes y bolsillos neoliberales. De muestra basta un botón, afirma el aserto popular. Ha lanzado una verdadera conminatoria a las empresas estatales a demostrar su rentabilidad, sin apoyo alguno. El artículo 84 del D.S. 4272 determina, pese a la crisis de la pandemia, cero inversión para las empresas públicas. ¿Podrán competir con las empresas privadas que sí serán beneficiadas con recursos del Estado? En caso contrario, serán… ¿cerradas? ¿rematadas al peor postor? Ambas cosas: serán entregadas de una u otra manera al empresariado ávido de hacerse con la cosa pública a precio de gallina muerta, como lo hicieron a partir de 1985. Los mismos personajes que luego procedieron al remate del Estado, como Samuel Doria Medina, actúan ahora a la sombra de una dictadura, con esa finalidad.

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