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Si, hipotéticamente fueran presidente Jeanine Añez o Carlos Mesa, sería exactamente lo mismo. Ambos representan el retorno a los 38 años anteriores a 2006: 18 años de neoliberalismo dictatorial militar y 20 de dictadura oligárquica bajo la máscara de democracia representativa obligados a formar las «megacoaliciones» para superar o disimular la efímera votación que obtenía cada uno de los partidos neoliberales que, en el mejor de los casos, alcanzó al 27% de votos.

Añez y Mesa representan la reposición de las políticas de endeudamiento externo, no para inversiones en desarrollo y progreso, sino para gastos recurrentes como sueldos y aguinaldos, especialmente para evitar el descontento de las FFAA y la Policía y el saldo, para metérselo en el bolsillo.

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NUESTRA PALABRA No 17

Las organizaciones sociales urbanas y rurales de Cochabamba y del país, expresamos nuestra protesta por las medidas del gobierno de facto que orienta todo su accionar a destruir los avances logrados por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Su ineptitud frente a la gestión de gobierno, al control de la pandemia y su carácter violento y autoritario se enmarca en un proceso de regresión y desmontaje del Modelo Social Comunitario y Productivo a través de:

1. Políticas de endeudamiento externo que nos vuelven nuevamente dependientes y deudores de organismos internacionales. 2. Disminución severa de la economía con un crecimiento de apenas 1.1%. y caída del Índice Global de Actividad Económica del 5.6%. 3. Achicamiento de la Administración del Estado, con la reducción de Ministerios y recorte presupuestario, y 4. Respaldo normativo de facto con el Decreto 4272 que propone por encima de la CPE, un plan de retorno al neoliberalismo bajo el nombre engañoso de “Programa Nacional de Renovación y Reactivación del Empleo”.

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La dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez merecería un capítulo de la serie “Aunque Ud. no lo crea”, por las desatinadas decisiones que toma en todos los ámbitos administrativos del Estado. Su último decreto –el 4272, dizque orientado a la reactivación económica y a la generación de empleo– es un conjunto de normas que recuerdan al tristemente célebre DS 21060, mediante el cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro inauguró la negra noche neoliberal que asoló al país por más de diez años.

Las disposiciones de ese decreto apuntan nuevamente a achicar al Estado, relegándolo al papel de simple espectador de las decisiones que emanan del dejar hacer dejar pasar, tan caro para las mentes y bolsillos neoliberales. De muestra basta un botón, afirma el aserto popular. Ha lanzado una verdadera conminatoria a las empresas estatales a demostrar su rentabilidad, sin apoyo alguno. El artículo 84 del D.S. 4272 determina, pese a la crisis de la pandemia, cero inversión para las empresas públicas. ¿Podrán competir con las empresas privadas que sí serán beneficiadas con recursos del Estado? En caso contrario, serán… ¿cerradas? ¿rematadas al peor postor? Ambas cosas: serán entregadas de una u otra manera al empresariado ávido de hacerse con la cosa pública a precio de gallina muerta, como lo hicieron a partir de 1985. Los mismos personajes que luego procedieron al remate del Estado, como Samuel Doria Medina, actúan ahora a la sombra de una dictadura, con esa finalidad.

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Un decreto para restaurar plenamente el neoliberalismo.

El “neoliberalismo en acción” es un libro de Pablo Ramos Sánchez que desnuda las políticas económicas sustentadas en el año 1985. Como entonces afirmó este brillante intelectual y militante revolucionario del DS 21060, nosotros podemos parafrasear que el DS N° 4272 denominado “Programa Nacional de Reactivación del Empleo”, pone en vigencia el neoliberalismo en sus lineamientos más puros, con una pretensión de largo alcance que no corresponde a un gobierno transitorio.

El DS N° 4277, que complementa al anterior, es el acta de defunción de la soberanía en materia económica porque acepta las recetas tradicionales del FMI como directriz de la política económica del gobierno cuando dispone la transferencia de los recursos otorgados por esta institución “para cubrir las urgentes necesidades fiscales y de balanza de pagos” con el pretexto del COVID 19. Además, vulnera la CPE al disponer recursos de un préstamo sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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