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La dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez merecería un capítulo de la serie “Aunque Ud. no lo crea”, por las desatinadas decisiones que toma en todos los ámbitos administrativos del Estado. Su último decreto –el 4272, dizque orientado a la reactivación económica y a la generación de empleo– es un conjunto de normas que recuerdan al tristemente célebre DS 21060, mediante el cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro inauguró la negra noche neoliberal que asoló al país por más de diez años.

Las disposiciones de ese decreto apuntan nuevamente a achicar al Estado, relegándolo al papel de simple espectador de las decisiones que emanan del dejar hacer dejar pasar, tan caro para las mentes y bolsillos neoliberales. De muestra basta un botón, afirma el aserto popular. Ha lanzado una verdadera conminatoria a las empresas estatales a demostrar su rentabilidad, sin apoyo alguno. El artículo 84 del D.S. 4272 determina, pese a la crisis de la pandemia, cero inversión para las empresas públicas. ¿Podrán competir con las empresas privadas que sí serán beneficiadas con recursos del Estado? En caso contrario, serán… ¿cerradas? ¿rematadas al peor postor? Ambas cosas: serán entregadas de una u otra manera al empresariado ávido de hacerse con la cosa pública a precio de gallina muerta, como lo hicieron a partir de 1985. Los mismos personajes que luego procedieron al remate del Estado, como Samuel Doria Medina, actúan ahora a la sombra de una dictadura, con esa finalidad.

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Con inusual rapidez y eficiencia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha procedido a conceder préstamos a, hasta ahora, once países de América Latina. Los gobiernos que han solicitado tal asistencia financiera, lo hacen en nombre de la emergencia del corona virus y la necesidad de disponer de fondos que permitan rápidamente combatir la pandemia… dizque. Todo indicaría que dicho organismo, de triste fama en la región, habría finalmente adquirido un compromiso con los pobres países que han sido viralmente castigados.

Uno de los primeros y solícitos gobiernos que ha estirado la mano ha sido la dictadura de Jeaninne Añez, Carlos Mesa y Fernando Camacho. Nuevamente, como en vergonzosas épocas que creíamos superadas, ha mostrado el muñón de país mendigo, que requiere de la urgente asistencia de la cooperación internacional. Y el FMI, benévolo como siempre con los gobiernos que le son sumisos, ha admitido sin mucho trámite la solicitud.

No ha sido la misma respuesta con los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Ambos gobiernos, confiados en que la buena fe primaría esta vez ante la emergencia mundial que ha despertado solidaridades impensadas y ratificado tozudeces imperiales, pensaron que dichos recursos estaban al alcance de quienes verdaderamente los necesitan. Venezuela, por ejemplo, un país castigado de manera inmisericorde por la decisión de los halcones de Washington de defenestrar al presidente Nicolás Maduro a como dé lugar, se encuentra agobiada por un cerco muy parecido al bloqueo económico que mantiene Estados Unidos sobre Cuba, desde hace siete décadas. El verdadero rostro del FMI –es decir, aquel que refleja qué intereses representa, de dónde vienen esos recursos y para qué sirven– se puso de manifiesto ante la también inmediata y oportuna negativa a ceder un solo centavo a regímenes que no son del agrado de Washington.

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