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Una consulta realizada a un centenar de personalidades previamente calificadas como influyentes por la organización alemana Fundación Friedrich Ebert (FES) confirma la percepción de los movimientos sociales y organizaciones populares, acerca de las intenciones de prorrogar el gobierno de facto de la autoproclamada Jeaninne Añez.

Casi el 70%, es decir, una abrumadora mayoría de los consultados, no cree que la presidenta interina esté verdaderamente comprometida con las elecciones cuya fecha ha sido postergada por tercera vez, para el 18 de octubre próximo. No resulta difícil indagar los por qué de esa percepción, no sólo por los antecedentes del gobierno que nació de un golpe de Estado, convalidado luego por una cáfila de gobernantes alineados con la política exterior de Estados Unidos y posesionado por los militares golpistas que se vendieron al mejor postor en las jornadas de noviembre del año pasado.

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La dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez merecería un capítulo de la serie “Aunque Ud. no lo crea”, por las desatinadas decisiones que toma en todos los ámbitos administrativos del Estado. Su último decreto –el 4272, dizque orientado a la reactivación económica y a la generación de empleo– es un conjunto de normas que recuerdan al tristemente célebre DS 21060, mediante el cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro inauguró la negra noche neoliberal que asoló al país por más de diez años.

Las disposiciones de ese decreto apuntan nuevamente a achicar al Estado, relegándolo al papel de simple espectador de las decisiones que emanan del dejar hacer dejar pasar, tan caro para las mentes y bolsillos neoliberales. De muestra basta un botón, afirma el aserto popular. Ha lanzado una verdadera conminatoria a las empresas estatales a demostrar su rentabilidad, sin apoyo alguno. El artículo 84 del D.S. 4272 determina, pese a la crisis de la pandemia, cero inversión para las empresas públicas. ¿Podrán competir con las empresas privadas que sí serán beneficiadas con recursos del Estado? En caso contrario, serán… ¿cerradas? ¿rematadas al peor postor? Ambas cosas: serán entregadas de una u otra manera al empresariado ávido de hacerse con la cosa pública a precio de gallina muerta, como lo hicieron a partir de 1985. Los mismos personajes que luego procedieron al remate del Estado, como Samuel Doria Medina, actúan ahora a la sombra de una dictadura, con esa finalidad.

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NUESTRA PALABRA No 5

Las organizaciones urbanas de sectores profesionales, sociales y territoriales de todo el país,
preocupadas por la pésima gestión gubernamental de presidenta de facto Jeanine Añez, excediendo sus atribuciones como gobierno transitorio, expresamos nuestro malestar y desacuerdo pleno con las
acciones y medidas que implementa, dirigidas a destruir el modelo económico plurinacional y las
conquistas sociales logradas durante muchos años de lucha incansable por el pueblo boliviano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó al Gobierno de facto que las medidas para controlar el brote del COVID-19 guarden equilibrio entre proteger la salud, minimizar el impacto económico-social y respetar los derechos humanos. Si bien la cuarentena era necesaria para preservar la vida y la salud de los bolivianos, no obstante, ellas no estuvieron acompañadas con una estrategia para paliar el hambre de los más empobrecidos y tampoco de una estrategia para proteger el aparato productivo formal e informal, sin ningún plan de contención y menos de recuperación económica. Desde su inicio, el manejo gubernamental de Añez en lo económico fue y es absolutamente irresponsable y arbitrario, con tendencia clara a destruir el modelo económico plural con el que Bolivia gozaba de estabilidad y podía enfrentar a los embates de la economía global en crisis.

Ni bien consolidado el gobierno de facto, las empresas estatales comenzaron a sufrir el desmantelamiento, corrupción y saqueo de sus recursos. Esta restauración neoliberal se traduce en la inexplicable paralización de la inversión pública y privada. Se ha detenido la producción en las empresas estratégicas, como la planta de Urea de Bulo Bulo o la del Mutún. Se ha paralizado y dejado impagos los proyectos de desarrollo nacional y regional, como el Tren Metropolitano en Cochabamba. El sabotaje interno y corrupción en la administración de BOA, ENTEL y YPFB es tan agudo que las ha generado grandes pérdidas o las ha puesto al borde de la iliquidez. Es de este modo que la presidenta – candidata Añez encaminan al país una crisis y recesión inminente cuya reactivación opte por el camino peligroso de la privatización de las empresas de los bolivianos.

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Hace pocos días oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas, asignados a la ciudad de El Alto, denunciaron mediante una carta leída por la red televisiva ATB dos graves irregularidades cometidas por la Policía Nacional. La primera de ellas señala la extendida práctica del personal policial dedicado a extorsionar a ciudadanos que por diversas razones salen a la calle rompiendo la cuarentena. La mayoría de las veces en busca de alimentos para sus hijos.

La segunda denuncia, tan grave y mucho más que la primera, tiene que ver con el tenebroso papel que hoy está jugando la Policía Nacional contra el pueblo boliviano en plena pandemia. La denuncia del personal militar que participó en el operativo del supuesto bloqueo de Senkata señala, con evidencias tangibles, que el bloqueo fue un montaje realizado por el personal de inteligencia policial, ministerio de gobierno y gente afín a la alcaldía de Chapetón con el objetivo de criminalizar la protesta que presuntamente estaría dirigida por dirigentes del MAS.

Esta maniobra policíaco-política que entre otras cosas tienen como objetivo socavar la base electoral del MAS en El Alto y generar indignación en el resto de la población boliviana forma parte de la nefasta estrategia política para reafirmar la acción represiva pero al mismo tiempo silenciar los escandalosos y dantescos casos de corrupción del régimen que está convirtiendo al Estado en un botín de guerra. Empero, forma parte de esta estrategia ruin, afectar el prestigio de las FF.AA. al enfrentarlas con supuestos movimientos que presuntamente están dedicados a romper la cuarentena.

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