Las últimas decisiones del gobierno de facto nos confirman la sospecha de que el Estado ha recuperado su carácter exclusivamente coercitivo y que el llamado “Estado de derecho” ha desaparecido.

Estamos presenciando un retorno al Estado monárquico del siglo XV, cuando el Rey Luis XIV, (se dice) afirmó: “El Estado soy yo”, independientemente de su veracidad, la frase es el resumen de lo que se conoce como la monarquía absoluta, es decir no existe poder alguno que cuestione al rey.

Bolivia se debate en una completa carencia de respeto al orden jurídico legal señalado en la Constitución Política del Estado (CPE), los mecanismos creados para poner freno al uso arbitrario del poder han sido sometidos al poder de facto. Las tímidas reacciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no han impedido la consolidación del poder absoluto concentrado en la figura presidencial.

La concentración del poder cuenta con el beneplácito del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que “deja hacer y deja pasar” sin cumplir su mandato constitucional. Estamos pues en un momento de concentración absoluta del poder en la figura presidencial, por supuesto que detrás se ha tejido un enmarañado de intereses económicos ligados al poder como siempre ocurrió en nuestro país.

El Estado de derecho ha desaparecido y su desmantelamiento ocurre todos los días y frente a una población inerme que solamente atina a observar los hechos, tal vez demostrando cierto arrepentimiento de la manipulación que fue objeto y con la resignación propia de la impotencia, bajo un régimen basado en el ejercicio del miedo como arma fundamental.

El Estado se materializa en sus instituciones; el carácter plurinacional del Estado tenía instituciones claves para su desarrollo como el Ministerio de Culturas y de Comunicación. En estos días se ha tratado de minimizar el mandato del Ministerio de Culturas reduciéndolo a una gestión de lo “artístico” y no es así, es mucha reducción.

La cultura en su definición abarcadora tiene que expresar la plurinacionalidad del Estado, su razón de ser y esto es lo que ha sido herido de muerte, es como un 21060 a los derechos constitucionales de la identidad.

Las conquistas del reconocimiento de saberes de los pueblos originarios que tuvieron una dura batalla, incluso con el gobierno anterior, han sido borradas de un plumazo. El respeto a la identidad ya no es más una política pública, estamos en un gobierno de monos, monocultural, monoteísta, monólogos en lugar de diálogo.

El desmantelamiento del estado de derecho encuentra su origen en los días agitados de noviembre cuando, utilizados como simple mano de obra, se salió a las calles para destruirlo; es dura la experiencia y el error como método de aprendizaje, cuando se piensa que la razón guía nuestros actos y nos damos cuenta de nuestra inocencia manipulada.

Una clase media que “sabe pensar y leer” ha sido engañada de la manera más burda y por guardar las apariencias mantienen un silencio cobarde. Nuestra sociedad ha sido envilecida y está siendo alimentada con una sed de venganza antes que de justicia, y es que la historia de la humanidad es así, no existe la impunidad eterna y como bien sabemos la paciencia es un bien de los pueblos originarios.

El gobierno actual está jugando con fuego, los asesores que conocen las técnicas de elaborar discursos para derrocar gobiernos no saben qué hacer cuando el pueblo es quien toma en sus manos su destino, sino veamos el embrollo de Afganistán.

Estamos a tiempo de evitar que la frase “Estado fallido”, acuñada por los intelectuales del desastre, se convierta en una cruda pesadilla en Bolivia.

*Camilo Katari, es escritor e historiador potosino