Golpe de 2019: El imperativo urgente de conocer la verdad

La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado su labor para investigar a fondo los hechos de violencia ocurridos en Bolivia desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 con el compromiso de acceso a la información y a los testimonios de víctimas, testigos y funcionarios de este y el anterior gobierno.

Nos parece altamente profesional que el Ministro de Justicia, Iván Lima, señale que el trabajo de la comisión de cinco expertos de la comisión ha de ser “independiente e imparcial” bajo los “criterios de orientación y conciliación” de forma de dar luces a lo ocurrido en las jornadas de violencia de 2019, entre ellos los desatados con muertes en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba.

Son varias organizaciones que se han empeñado en buscar que se haga una investigación minuciosa, como fuimos testigos en Cochabamba de organizaciones de mujeres que llegaron desde la Argentina, ya que seguimos de cerca, recogiendo con periodistas testimonios de las víctimas, la crudeza de las muertes, en Sacaba y Senkata, donde hubo hechos que sí merecen que se llegue a la verdad.

En esta labor ya existe centenares de testimonios y documentos compilados en informes de instituciones nacionales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos: Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch, Clínica de Derechos Humanos de Harvard, Amnistía Internacional, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo independiente de la OEA que en su informe preliminar, llamó a los hechos masacres.

Esos informes coinciden en que, en Sacaba y Senkata, además de otros puntos de conflicto y de movilización en noviembre de 2019, hubo graves violaciones de derechos humanos y que la represión policial-militar terminó con decenas de fallecidos.

La comisión mixta de la Asamblea Legislativa recibió un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que certificó que las muertes fueron a causa de impactos de bala de armamento de reglamento policial o militar. Las fotografías mostradas en su momento testifican el uso de, por ejemplo, ametralladoras y fusiles automáticos livianos (FAL). Esos elementos no son un invento, son hechos que ocurrieron. Los testimonios de las familias así lo certifican.

Nos parece hasta anecdótica la postura que asumen algunos voceros y líderes políticos de la derecha boliviana en pedir que no solo se investiguen los hechos de las masacres en Senkata y Sacaba, porque su pedido incluso quiere que se llegue a hechos de 2007, en el cerco a la Asamblea Constituyente, un caso también llamado “La Calancha”, cuando ya se conocen los pormenores de ese hecho.

Es tan curioso que, ni el gobierno de Añez que se llenó la boca diciendo que se “pacificó” el país, no haya investigado hechos como la quema de buses del Puma Katari o los inmuebles de Waldo Albarracín y Casimira Lema, cuando a estas alturas ya se conoce que quienes llamaron a incendiar los Tribunales Departamentales electorales, fueron los mismos.

Ya nadie creerá en los inventos de las ex autoridades como Murillo y López quienes señalaron que los movilizados se mataron entre sí, o decir que, las Fuerzas Armadas no dispararon un solo proyectil. Existen fotografías donde se muestran a militares disparando FAL y desde los camiones de asalto, ametralladoras.

Sin embargo, quienes exigen que la investigación se amplié a otros hechos y no solo en Sacaba y Senkata, la autoridad de justicia ha remarcado que también se verá hechos de violencia y violación de derechos humanos ocurridos antes y después. El compromiso es que las Fuerzas Armadas, la Policía y el Órgano Judicial entreguen toda la información y que la población pueda constatar con el trabajo de la comisión para, si es posible, ampliar la investigación.

Menospreciar esa tragedia humana es revictimizar a quienes sufrieron la muerte o lloran la ausencia de sus seres queridos. Es naturalizar la cruel acción del Estado sobre el derecho a la vida de las personas y criminalizar el derecho a la libre movilización. Al final, esas muertes también fueron investigadas y los culpables merecen también la sanción.

La labor que cumplirán por el lapso de seis meses por parte de los expertos de la CIDH mostrará no sólo a Bolivia sino al mundo que tiene que dar plena certeza que sí hubieron hechos que mellaron la dignidad de un pueblo, que expuesto a la metralla, resistió aquellos días aciagos y que todos y todas esperamos que nunca se vuelvan a repetir.

*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe

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