Un tal Orellana, con rango de general, ha irrumpido en las instalaciones de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, en traje de campaña, para exigir a este poder del Estado su conformidad con la orden de ascensos; más aún, ha dado públicamente un plazo de una semana para que esa decisión se tome de acuerdo a los gustos y preferencias de los milicos envalentonados en dictadura.

Tal afrenta a la formalidad democrática –que no otra cosa se vive actualmente en Bolivia– es, hasta ahora, corolario de un irracional y atávico complejo de los generales golpistas de su supuesto rol de “institución tutelar de la patria”, que dio pie a los innumerables golpes militares que asolaron la vida republicana y que, desde la caída de Gonzalo Sánchez de Losada, se pensaban erradicados de nuestra práctica política.

Carlos Sánchez Berzaín fue uno de los últimos políticos de la era neoliberal en sacar las tropas a las calles para reprimir al pueblo. Suya es la frase de que, con quinientos muertos más, la crisis política y económica que vivía el país podría ser manejable desde el punto de vista de quienes entregaron las riquezas nacionales a la voracidad extranjera. El pueblo puso el pecho y los afanes prorroguistas que contemplaban incluso trasladar la sede de gobierno a Santa Cruz, con la aquiescencia de militares cavernarios, fueron derrotados en las calles y en las carreteras.

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