La Plataforma de Derechos Humanos de Santa Cruz, amparada en la Constitución Política del Estado (Art. 21-22), que consagra los derechos civiles y políticos: “a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva” y consciente de que “la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”; en ese marco de respeto y garantía de los derechos de las personas y los pueblos expresa su solidaridad con las mujeres, las niñas/os, las/os jóvenes, las familias de los barrios, las comunidades y pueblos indígenas, quienes en medio del clima de precariedades y zozobras, ante la ausencia de respuestas a sus necesidades de alimento, salud, educación y trabajo, soportan la escalada de amenazas de las mismas autoridades “garantes” de los derechos constitucionales que asisten a la población boliviana.

Recordar que la Policía, es la fuerza pública, que tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. Así lo establece la Constitución Política del Estado en el artículo 251. En el parágrafo 2, del art. 251, sentencia que la policía como Institución, no participa en acción política partidaria

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