Etiqueta: Libertad de expresión

Han transcurrido varios días desde la asunción de mando del Presidente Luis Arce y ya se han designado los ministros que conforman el gabinete. Urge tomar un conjunto de medidas, desde los ministerios correspondientes, pongan fin a la negra noche dictatorial que vulneró gravemente los derechos humanos individuales y colectivos de bolivianas y bolivianos.

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Un par de imbéciles ha puesto de manifiesto el tratamiento discriminador de comunicadores y medios de comunicación que, micrófono, cámara y/o computadora como arma, se creen con el derecho de agredir e insultar impunemente [imbécil: 1. adj. Tonto o falto de inteligencia. U. t. c. s. U. t. c. insulto. Diccionario de la Real Academia de la Lengua]. Todo, claro está, en nombre de la libertad de expresión; eufemismo que esconde, en realidad, la libertad de empresa comunicadora, dispuesta a vender sus espacios y su voz al mejor postor que, por lo general, es el que mejor puede pagarle, sin interesar de dónde vienen las treinta monedas.

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NUESTRA PALABRA No 15

Las organizaciones urbanas de sectores profesionales, sociales y territoriales de Cochabamba y el país, manifestamos nuestra preocupación por la violenta y pésima gestión del Gobierno de facto, al respecto denunciamos lo siguiente:

Desde los luctuosos sucesos de Senkata y Huayllani, donde se han perpetrado crímenes de lesa humanidad que han cobrado la vida de 37 bolivianos y han dejado más de 800 heridos y cerca de 1.400 encarcelados, el régimen de Jeanine Añez ejerce una brutal persecución política, y utiliza la emergencia sanitaria para penalizar la divergencia, la solidaridad y la libertad de expresión.

La estrategia del mal gobierno incluye el despliegue de montajes de diversa naturaleza, que luego sus mismos operadores tipifican como “sedición”, “terrorismo” o “atentado contra la salud”, aunque los únicos que atentan contra la salud son ellos con su probada incapacidad y corrupción. Un ejemplo de estas acciones es la intervención militar a la represa de Misicuni con el pretexto de un falso atentado, para de esta manera buscar un enfrentamiento con los comunarios y después acusarlos. Otra muestra son los extraños ataques a torres de telecomunicación que luego se endilgan sin pruebas a sectores sociales.

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La Plataforma de Derechos Humanos de Santa Cruz, amparada en la Constitución Política del Estado (Art. 21-22), que consagra los derechos civiles y políticos: “a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva” y consciente de que “la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”; en ese marco de respeto y garantía de los derechos de las personas y los pueblos expresa su solidaridad con las mujeres, las niñas/os, las/os jóvenes, las familias de los barrios, las comunidades y pueblos indígenas, quienes en medio del clima de precariedades y zozobras, ante la ausencia de respuestas a sus necesidades de alimento, salud, educación y trabajo, soportan la escalada de amenazas de las mismas autoridades “garantes” de los derechos constitucionales que asisten a la población boliviana.

Recordar que la Policía, es la fuerza pública, que tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. Así lo establece la Constitución Política del Estado en el artículo 251. En el parágrafo 2, del art. 251, sentencia que la policía como Institución, no participa en acción política partidaria

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En menos de un mes se difundieron dos pronunciamientos notablemente críticos hacia el gobierno de facto por parte de autoridades de la Iglesia católica. Resultan señales indudables del grado de descomposición y degradación de la actual administración de gobierno, en particular si tomamos en consideración el silencio de los obispos en los primeros meses del año, y sus simpatías para con el golpe de Estado.

El primero en hablar fue Ricardo Centellas, arzobispo de Sucre y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB). Señaló los peligros de la anunciada incorporación de semillas transgénicas a la producción nacional, los numerosos casos de avionetas descubiertas con importantes cargamentos de cocaína, el nepotismo desvergonzado que se practica en diferentes ministerios y la propia presidencia del país, y por último el palpable desinterés, ineptitud e inoperancia de las actuales autoridades con relación a la gestión de políticas y estrategias sanitarias de cara al Covid-19.

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Una vez más, la dictadura arremete en Bolivia contra la libertad de prensa y de pensamiento. La red Gigavision, medio de comunicación legalmente establecido en el país, ha hecho pública la denuncia de un sistemático y claro amedrentamiento por parte de organismos de seguridad del Estado que actúan por orden expresa del prepotente Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la dictadura.

El presunto delito de este medio ha sido denunciar de manera responsable y valiente los graves delitos que cometen en nombre del Estado boliviano, quienes asaltaron el poder acatando instrucciones del gobierno norteamericano. A diferencia de los golpistas que acusan de corrupción al gobierno democrático de Evo Morales, todas las publicaciones de Gigavisión han estado respaldadas por las pruebas respectivas.

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En el lenguaje popular se dice “marear la perdiz”, cuando no se trata el aspecto principal de un tema o no se responde puntualmente a una pregunta. Este manejo de la información se está aplicando, de manera permanente, desde el mismo Ministerio de Comunicación que se ha convertido en el primer desinformador de la población.

Este Ministerio pretende “marear la perdiz” con datos ya conocidos y no tiene capacidad ni voluntad para responder, por ejemplo, sobre el intento de suprimir la libertad de expresión y pensamiento o de explicarnos ¿por qué se cerraron las radios comunitarias, las radios de los pueblos indígenas, RPOs? cuando vemos hoy su importancia radical en el tema educativo.

“Marear la perdiz”, tiene un sustento teórico en la comunicación, especialmente política y se denomina agenda setting, que es una selección de la información a ser difundida y la manera en que se hará dicha difusión, por ejemplo, en el tema de la intensión de “ser gobierno” de la senadora Copa, el Ministro Murillo previamente ha hecho circular una falsa noticia y luego sobre esa falsa noticia, tomada como verdad, elabora su tesis conspirativa de la presidenta del senado.
Desde el gobierno se opera las 24 horas del día con esta técnica, ligada a otras, más amplias que tienen que ver con los públicos, pero no es intensión de esta nota ahondar en estos temas sino visibilizar su utilización cotidiana.

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El 10 de mayo se conmemora en Bolivia el Día del Periodista. En una fecha similar de 1865 fue asesinado Cecilio Barragán, de esa profesión, por orden del tirano Mariano Melgarejo. Años más tarde, en 1938, el presidente nacionalista Germán Busch oficializó el recordatorio.

Con ese marco de fondo han sucedido ahora dos hechos significativos. Por una parte, el gobierno de facto promulgó el 7 de mayo el Decreto 4231, que ahonda las amenazas sobre las personas que “desinformen” acerca de la pandemia. Con la mayor parte de medios de comunicación bajo control, e incluso como cómplices de los golpistas, la norma evidentemente apunta contra la sociedad civil y su derecho a expresarse. La ambigüedad de la resolución es en la práctica un cheque en blanco para expandir y profundizar el amedrentamiento y la persecución, en una situación en la que son palpables la descoordinación, improvisación e incapacidad de gestión con relación al COVID 19 por parte del gobierno.

Habló el obispo

Precisamente el 10 de mayo el obispo católico Ricardo Centellas lanzó una serie de opiniones críticas sobre la gestión de gobierno, en su homilía en ocasión del Día del Periodista. Actualmente es arzobispo de Sucre y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, lo que da más relevancia y visibilidad a sus juicios.

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