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Desde 1953, las decisiones de la Asamblea Popular de la República Popular China (APN), en sus diferentes planes quinquenales han orientado la política de la Revolución China. El 12 de marzo de 2021, la APN concluyó en Beijing sus sesiones y aprobó el XIV Plan Quinquenal. Este XIV Plan Quinquenal orientará la política interna y exterior china durante los próximos cinco años.

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Las movilizaciones del pueblo boliviano se fortalecen cada hora que pasa. Los anuncios de cooperativistas mineros, de sectores urbano-vecinales de la ciudad de El Alto, de contingentes de jóvenes que no están dispuestos a sufrir agresiones pasivamente, entre otras muchas manifestaciones, dan cuenta de la voluntad ciudadana de resistir al gobierno golpista, exigiendo la renuncia de la presidenta autoproclamada y la realización de elecciones.

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En 1977 un grupo de mujeres, esposas de mineros exiliados, derrotaron la dictadura de Hugo Banzer. Esta victoria no hubiera sido posible sin la unidad de los sectores populares de toda Bolivia.

Como en 1977 es necesario que el pueblo organizado, asuma su responsabilidad histórica con el país, para superar este momento de tragedia política económica y social, que venimos soportando desde el mes de noviembre del pasado año, cuando un grupo angurriento de poder, alteró el sistema democrático y con el apoyo de paramilitares sometió a la población con un régimen de terror.

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Por Ernesto Eterno | 30/05/2020 | Bolivia / Fuente: Rebelión

La maldad no cesa en su siniestra tarea de enlodarlo todo, para que no quede nada, y por siempre.

Síntesis

A seis meses desde aquel fatídico golpe de noviembre del 2019, el régimen de Jeanine Añez no ha hecho otra cosa que derrumbar toda posibilidad de reordenamiento institucional. Con una fulgurante rapidez y astucia criolla, convirtieron el Estado en un botín de guerra. No hace falta reeditar dos décadas de un nuevo ciclo neoliberal para demostrarnos que una derecha voraz y sin ningún proyecto alternativo, guiado por intereses externos, solo es capaz de ofrecer más de lo mismo: la suma de miseria moral, concentración de riqueza ilegal y condiciones explosivas de extrema pobreza, bajo el ropaje de democracia. Como corolario, el retorno enajenante a la vieja cultura de sumisión y al estandarte de la culpabilidad nacional.

El escándalo de los sobreprecios en la compra de respiradores es de proporciones simplemente dantescas, no tanto por el valor del robo, que también lo es, sino por la forma, el momento y los funcionarios que ejecutaron el atraco. Nada hace suponer que los asaltos sistemáticos ya producidos contra empresas públicas o que están ocurriendo ahora, bajo la sombra de la pandemia, no adquieran este mismo patrón criminal. Esta letal y artera puñalada en el corazón del país retrata a un gobierno convertido en una vulgar banda de asaltantes armados. Enfundados en la santa biblia y con la palabra democracia entre los dientes apretados penetraron por los pasillos del Palacio de Gobierno con la sola idea de convertir el tiempo y la oportunidad en riqueza manchada con sangre. Infamia e impostura, son las dosis diarias que alimentan su idea de poder y venganza en medio de ritos desproporcionados de codicia y lujuria. La pandemia es la coartada perfecta para sus crímenes imperfectos, represión de por medio, cubierto por una bastarda cortina de humo mediático. Nuevamente, gobernantes de cuello blanco y estilete encarnan la maldad misma como si se tratara de una peste enviada por quienes más odian nuestra patria. Si ellos son la parte grotesca del festín de bagatela, como clase tradicionalmente cleptómana, no debemos soslayar a sus patrones extranjeros que hoy ocupan, dirigen y saquean a gran escala nuestro patrimonio nacional.

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No es novedad para nadie que consolidar a la agroindustria cruceña como su principal factor de apoyo, fue para la dictadura de Banzer su primer objetivo de transformación de la estructura social y económica boliviana.

La apertura sin control de la frontera agrícola, la superposición de nuevas haciendas sobre millones de hectáreas de tierras pertenecientes a comunidades originarias fue una realidad. El empatronamiento de millares de hermanos indígenas que trabajaban al interior de las nuevas haciendas en una suerte de esclavismo moderno, fue un hecho deplorado por organismos internacionales hasta entrado el siglo XXI.

Desde entonces, todos los ministros relacionados con la agroindustria, fueron impuestos por la CAO y la CAINCO, que esta demás expresar el poder político que tuvieron tanto en democracias como dictaduras.

La oligarquía agroindustrial cruceña, que además de manera inconstitucional e ilegal por estar a menos de 50 kilómetros de frontera, vendió tierras a empresas extranjeras, tenía como su primer objetivo vender el 70 u 80 de su producción industrial soyera al mercado externo, cosa que lo logró con productos como el azúcar y el algodón. Entre el 20 y 30 por ciento, estaría destinado a las industrias aceiteras y las fabricas de alimentos balanceados para animales.

Su segundo objetivo era la legalización de producción de transgénicos para el consumo humano.

¿Cuales fueron sus acciones de incidencia y durante que periodos de gobierno?

El 5 de abril del 2005, en el gobierno de Carlos Mesa luego un “dictamen técnico”(14/05) del Comité Nacional de Bioseguridad, es utilizado por el SENASAG para aprobar la resolución administrativa SENASAG 44/2005. Esta autoriza la utilización de soya transgénica resistente al glifosato (evento 40-3-2) para la elaboración de alimentos y bebidas de consumo humano. El 7 de abril del mismo año, o sea 2 días más tarde, se autoriza la producción agrícola y de semillas, procesamiento, comercialización interna y externa de la soya transgénica que había sido aprobada por el SENASAG, mediante la Resolución Multiministerial No 1, firmada por varios ministros del gabinete de Mesa.

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NUESTRA PALABRA No 3

8 de mayo de 2020, fecha en la que el gobierno transitorio de Jeanine Añez desenmascara la verdadera intención de tomar por asalto la administración del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta fecha, no solamente fue posesionado Oscar Ortíz Antelo como nuevo ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, sino que, minutos más tarde, amparados por la cortinade la emergencia sanitaria del coronavirus, se decreta la importación de semillas transgénicas supuestamente para garantizar la “reactivación económica”.

La sociedad en su conjunto rechaza esta nueva normativa por vulnerar a la Constitución Política del Estado (Art. 255. Parágrafo II. Núm. 8: Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.), pero principalmente por atentar contra la economía y la salud de la población.

La CPE ordena que “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”, consecuente con este mandato, el año 2011, el gobierno legítimo de Evo Morales, aprueba y promulga la Ley N° 144, De Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria que en su Art. 15°, parágrafo I, núm. determina que “No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificados de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”, normativa que en su momento generó críticas a la gestión del presidente Morales, pero que fueron el amparo legal para que la introducción de semillas transgénicas sean importadas con el fin único de sustitución de importaciones de combustibles como el diésel o la gasolina, hasta ahora subvencionados por el estado en su costo al consumidor final.

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NUESTRA PALABRA No 2

Las organizaciones urbanas de sectores profesionales, sociales y territoriales de Cochabamba, preocupadas por la pésima gestión del Gobierno de facto y por su amenaza destructiva a las conquistas sociales logradas por el pueblo boliviano con mucho sacrificio, en legítimo derecho constitucional, expresamos que las elecciones son urgentes:

1. Por salud para todos

El régimen ha encerrado a la gente con medidas coercitivas, pero no ha tomado medidas sanitarias reales contra el coronavirus. Escasean los tests, y los pocos que hay parecen ser solo para privilegiados como familiares de ministros. Alquilan lujosos hoteles en vez de acondicionar los hospitales que estaban por entregarse y los ya existentes. La salud es parte de la vida y su protección es integral, pero no está asegurada para todos como debiera ser. El único plan del Gobierno frente a la pandemia es la represión, y sabemos que las balas y las botas no podrán nunca vencer a un virus. Mucho menos sucederá eso cuando no han sido capaces de equipar ni capacitar a médicos ni enfermeras, como tampoco a las Policía ni a las Fuerzas Armadas, contándose ya varios fallecidos entre trabajadores de la salud y uniformados, entre el más de un centenar de dolorosas pérdidas.

2. Por la legitimidad y legalidad

Nadie votó por Jeanine Áñez. Por ello Bolivia es inestable desde el golpe de Estado. Es necesario contar con un Gobierno elegido democráticamente para enfrentar las múltiples crisis que sufrimos desde octubre, como son la política, la pandémica, la económica y la alimentaria, que solo hallan como respuesta la violenta represión de una a administración que se dice transitoria. Únicamente autoridades que cuenten con la legitimidad de las urnas podrán enfrentar la calamitosa situación que sobreviene, para la que asimismo se precisa la legalidad que ha sido vulnerada por la ambición de prorroguismo. La norma aprobada en la Asamblea Legislativa refleja el sentido de la Constitución, y eso lo sabe incluso el Tribunal Electoral que ha decidido respetarla.

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Desde su mismo inicio, el actual gobierno de facto (denominado “de transición”) hizo evidente su voluntad de ir contra la libertad de expresión. Recordamos las reiteradas amenazas de la que entonces era ministra de comunicación, utilizando y aplicando indiscriminadamente la figura de sedición, en particular contra periodistas y comunicadores/as nacionales y extranjeros, que se vieron obligados a dejar de informar.

Transcurridos cinco meses de la nueva administración estatal, dicha tendencia al control de la libre expresión no se atenuó, sino que por el contrario se ha tornado sistemática, ampliando su campo de acción contra individuos, organizaciones políticas legalmente establecidas, e incluso territorios completos, que son criminalizados e insultados en forma pertinaz y pública, alentando el odio y la discriminación entre sectores sociales.

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