La autoproclamada presidenta Jeanine Añez ha promulgado, finalmente, la ley que convoca a elecciones nacionales para el 6 de septiembre de este año. Ha pretendido mostrar esta medida como una concesión suya y no como el derecho que tiene el pueblo de Bolivia a elegir democráticamente a sus gobernantes. Precisamente, los pronunciamientos categóricos de diversos sectores y movimientos sociales, además de los partidos socios de Añez en el golpe de noviembre, han presionado al gobierno de facto para que cumpla su único mandato: la convocatoria a elecciones generales.

Añez también ha aprovechado la oportunidad para deslindar responsabilidades respecto al impacto de la pandemia que azota al país, insinuando que su agravamiento tendría como responsables a quienes piden elecciones libres. Es una forma de poner una cortina de humo para evitar una fiscalización sobre los cuantiosos recursos obtenidos precisamente para combatir el Corona Virus; recursos tanto de créditos como de donaciones que, hasta la fecha, sólo han servido para enriquecer ilícitamente al círculo gobernante y a la familia presidencial. Utilizar la pandemia como recurso para justificar el uso de fondos para su campana es un burdo intento de negar la plena responsabilidad de este gobierno en la pésima gestión de la crisis sanitaria.