Etiqueta: Teoría del fraude electoral

Las semanas pasadas el país, los medios y la sociedad en general miró sorprendida una serie de reacciones de los actores del golpe de estado de 2019, sus preocupaciones expresadas porque no consiguieron imponer su narrativa y oficiosa del fraude en el imaginario colectivo.

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Hoy en el panorama político tras el informe de expertos de la Universidad de Salamanca y que a la Fiscalía le permitió cerrar el caso fraude electoral el único horizonte posible de certeza política que dirimirá las tendencias entre el gobierno y la oposición, es que los opositores enfrenten las consecuencias de lo que representó el montaje del fraude y que sirvió para azuzar el golpe de estado de 2019.

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Una vez consumado el golpe de Estado de noviembre de 2019, las instrucciones de la embajada norteamericana a sus operadores políticos en el país fueron precisas: había que destruir al MAS IPSP de raíz; para ello, se orquestó un aparato represivo que se encargó de perseguir, encarcelar y enjuiciar a ciudadanos que la inteligencia norteamericana consideraba altamente peligrosos. De esa manera, funcionarios públicos, militantes conocidos o simples activistas sociales, fueron objeto de una sañuda represión, con amenazas públicas de por medio hechas por el actualmente prófugo Arturo Murillo, ministro de gobierno de aquella nefasta dictadura.

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La historia oficial que conocemos es la historia escrita por historiadores influidos por sus ideas –por lo general, expresivas de los intereses oligárquicos– y claramente expresivas de las visiones y los deseos de los vencedores. Así, la historia de nuestro Abya Yala es la historia de las masacres de nuestros pueblos, premiadas con ascensos militares y prebendas para los ejecutores de los crímenes.

Esa historia oficial quiso ser escrita para falsear la historia real, por los ejecutores del golpe de Estado de noviembre del año pasado. Para ello, había que tener un pretexto de suficiente peso como para que pudiera calar en sectores proclives a la derecha; entonces se recurrió a la argucia de sostener, a través de los medios masivos de comunicación previamente aceitados, la versión de fraude electoral, basada en la abierta injerencia de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que ya estaba debidamente aleccionada por el Departamento de Estado yanqui, sobre lo que tenía que decir y lo que tenía que callar.

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Una de las tramas más perversas con lo que se asestó contra la democracia fue el inventar que en Bolivia hubo fraude y ello sirvió a los sectores radicales como justificativo para llevar adelante el golpe de estado, anulando así la posibilidad que el ex presidente Morales acceda de nuevo al poder.

El argumento del fraude es una maniobra discursiva fácil y discurso que fue amplificado por la derecha boliviana, que no logró probar esa argucia y que lanzara después de los resultados del 20 de octubre, con un autor confeso quien encendió la chispa de la violencia, Carlos Mesa, el candidato de CC, quien afirmaría que en el país se montó un fraude monumental, lo que permitió a las fuerzas golpistas llevar adelante su cometido con el respaldo de la OEA e imponer un gobierno de facto.

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Las empresas que elaboran encuestas para medios privados, sobretodo de partidos de la derecha en el país, frecuentemente han alterado los resultados reales de la carrera electoral. Las encuestas siempre han tenido limitaciones, aunque varias se aproximaron a los datos reales que le dieron el triunfo al MAS, ese triunfo fue escamoteado por el discurso del fraude en octubre de 2019.

La encuesta de este fin de semana muestra que el destino de esta elección se cifra en solo dos candidaturas, una que de lejos puede llegar a ganar en primera vuelta, el binomio del MAS, aunque esta encuesta muestre que bajó en relación a otras, y la otra opción es de Comunidad Ciudadana que no subirá más de lo que aparentemente tiene porque Añez se encargará de disminuirle.

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El Movimiento al Socialismo ha hecho público su rechazo a la presencia de la OEA en las elecciones de septiembre próximo. La razón es también de dominio público: numerosos informes independientes han demostrado que la teoría del fraude electoral, que dio pie al golpe de Estado de noviembre pasado, fue en realidad un fraudulento informe cocinado con suficiente anticipación, con la finalidad de derrocar al gobierno popular de Evo Morales, molestosa piedra en el zapato de Donald Trump.

Es ya sabido que la tristemente célebre Misión de Observación Electoral de ese organismo –calificado por la sabiduría popular como verdadero Ministerio de Colonias yanqui– rompió sus propios protocolos y se pronunció antes de que el escrutinio hubiera finalizado. Primero alegó sospechas y, finalmente, terminó afirmando sin decirlo, que se había producido un fraude. El golpe de gracia lo asestaron los medios de comunicación, que se dieron a la tarea de fijar en la mente colectiva un supuesto dolo en el acto electoral. Pruebas nunca aparecieron y se sustituyeron con balbuceos que, con el paso del tiempo, dan cuenta de la penosa labor cumplida por ese organismo (norte) americano. No todo fue una tasa de leche; hubo voces honestas que se alzaron desde dentro de esa misión. Delegados de Argentina cuestionaron la forma y metodología abiertamente injerencista, pero fueron rápida y mediáticamente neutralizados, bajo la acusación de ser “espías”…

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NUESTRA PALABRA No 14

Acorralada por distintos frentes sociales e institucionales, repudiada hasta por los suyos por su deslealtad y ruptura del mandato de transición, la presidenta de facto y candidata Jeanine Añez no tuvo más remedio que promulgar la Ley N° 1304, el pasado 21 de junio. Esta Ley formulada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en función a sus atribuciones constitucionales, da curso a la realización de las elecciones generales el día 6 de septiembre de 2020, tal como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo propuso y lo consensuó con las distintas tiendas electorales. Con esta certeza, nuestro país ahora se prepara para ejercer su derecho a la democracia plena que, en las actuales circunstancias, equivale directamente a defender la vida.

La democracia es la soberanía del pueblo para decidir su propio destino, así lo establece la Constitución Política del Estado (CPE), en su Artículo 7, señalando que: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”, de modo que nadie puede arrogarse el derecho a proscribirla como hoy lo hace y pretende extremar el régimen de Añez.

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