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Hace pocos días oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas, asignados a la ciudad de El Alto, denunciaron mediante una carta leída por la red televisiva ATB dos graves irregularidades cometidas por la Policía Nacional. La primera de ellas señala la extendida práctica del personal policial dedicado a extorsionar a ciudadanos que por diversas razones salen a la calle rompiendo la cuarentena. La mayoría de las veces en busca de alimentos para sus hijos.

La segunda denuncia, tan grave y mucho más que la primera, tiene que ver con el tenebroso papel que hoy está jugando la Policía Nacional contra el pueblo boliviano en plena pandemia. La denuncia del personal militar que participó en el operativo del supuesto bloqueo de Senkata señala, con evidencias tangibles, que el bloqueo fue un montaje realizado por el personal de inteligencia policial, ministerio de gobierno y gente afín a la alcaldía de Chapetón con el objetivo de criminalizar la protesta que presuntamente estaría dirigida por dirigentes del MAS.

Esta maniobra policíaco-política que entre otras cosas tienen como objetivo socavar la base electoral del MAS en El Alto y generar indignación en el resto de la población boliviana forma parte de la nefasta estrategia política para reafirmar la acción represiva pero al mismo tiempo silenciar los escandalosos y dantescos casos de corrupción del régimen que está convirtiendo al Estado en un botín de guerra. Empero, forma parte de esta estrategia ruin, afectar el prestigio de las FF.AA. al enfrentarlas con supuestos movimientos que presuntamente están dedicados a romper la cuarentena.

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La lógica de la sociedad basada en la acumulación del capital, se demuestra con la actitud individualista; eso nos ha pasado en estos días cuando comerciantes y dueños de farmacia, pensando solamente en sus intereses, han subido los precios de elementos básicos para prevenir las infecciones.

En pocos meses, el odio inyectado a nuestro cerebro, nos ha hecho perder el sentido humano de la convivencia, como en los primeros días del verdadero cristianismo, muchos bolivianos y bolivianas han sido perseguidos y maltratados, solamente por ser de origen aymara o quechua.

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Imagen: Coordinadora de la Mujer

Organizaciones, instituciones, movimientos y personas de la sociedad civil que conforman el Comité Pro Laicidad hicieron llegar una carta de protesta al Organo Electoral boliviano, a fin de que “…garantice el principio de laicidad, la condición Laica del Estado Plurinacional de Bolivia, y la adopción de medidas normativas en aspectos como: la renuncia de líderes/as religiosos/as a sus funciones en iglesias para ser candidatos/as y acceder a cargos públicos; el uso de organizaciones, espacios y/o infraestructuras religiosas con fines proselitistas; realización de prácticas y rituales religiosos en los escenarios políticos electorales y el uso de manera directa o indirecta de símbolos y/o referencias religiosas de cualquier naturaleza o credo en la propaganda electoral, la campaña y el proselitismo político”.

Observan que, tanto en la actual campaña electoral como en la de 2019, se vulnera el principio de laicidad y la condición laica del Estado Plurinacional de Bolivia, contraviniendo el Art. 4 de la Constitución. Al respecto, existe una sustanciosa investigación realizada por el colectivo Católicas por el Derecho a Decidir (Bolivia). Se trata del “Laicinómetro”, con abundante información acerca de programas partidistas y posiciones de sus candidatos/as, que revelan diferentes formas de imposición de dogmas y creencias religiosas en cuestiones que atañen a la sociedad y sus derechos. Varias de las personas que candidatearon en 2019 siguen ahora en carrera o son parte del gobierno golpista, manteniendo aquellas posiciones (http://catolicasbolivia.org/actividades/laicinometro-hoja-informativa-2/).

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