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Este 17 de julio se cumplen 41 años del Golpe de Estado de Luis García Meza, que junto a una Junta de Comandantes llevó unos de los golpes más cruentos de la historia boliviana. Ese 17 de julio en 1980, dicen los historiadores, el objetivo era asesinar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista (PS-1).

Al amanecer de ese 17 de julio, la presidenta Lidia Gueiler era informada del alzamiento de una parte del Ejército, en la ciudad de Trinidad, de inmediato Juan Lechín Oquendo, secretario ejecutivo de la COB, había convocado a una reunión de emergencia del CONADE. Más tarde, como a las 11.30, se efectuó el asalto a la COB, haciendo fuego contra la humanidad de Marcelo, las otras balas contra Carlos Flores Bedregal, quien muere en el acto y luego asesinan al dirigente minero Gualberto Vega Yapura.

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No ha sido la “dictadura masista” la que ha puesto entre rejas a Arturo Murillo, el hombre fuerte del gobierno de facto de la autoproclamada Jeaninne Añez. Ha sido nada más ni nada menos que la justicia norteamericana, la que ha puesto el punto sobre la íes. La repartición judicial correspondiente acusa al ex ministro de soborno, lavado de dinero y otros delitos no menores, derivados de la compra fraudulenta de material químico para los “motines” encargados de reprimir al pueblo.

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Una muy sonada caravana de opositores ha marchado a Washington a pedir, dizque, el respeto a los derechos humanos en Bolivia, que estarían siendo violados por el gobierno democráticamente electo. Han anunciado visitas a organismos parcialmente preocupados del asunto –sólo se ocupan de supuestas violaciones a derechos humanos en Cuba y en Venezuela– y a congresistas influyentes en el Capitolio.

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La mañana de este sábado 13 de marzo se ha alegrado con la buena nueva de la detención preventiva de la autoproclamada y ex-presidenta Jeaninne Añez, protagonista circunstancial de una aventura golpista inspirada y diseñada en Washington y ejecutada por los operadores políticos de diversos países con gobiernos de derecha. Como ya es sabido, el golpe de Estado encontró pretexto en la falsa apreciación de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que fue prontamente convertida primero en fraude por la oposición y luego, de fraude monumental, por Carlos Mesa.

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A medida que se conocen más pormenores de la “reunión”, que se realizó en la Universidad Católica Boliviana, nuestro asombro y perplejidad crece.

Ya no encontramos palabras para calificarla, así como a sus protagonistas. Lo evidente, es que al margen de los detalles, la propia “reunión”, así como sus participantes, contenido y resultados, ratifican con claridad inobjetable, la consumación de un artero golpe de estado.

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La impunidad es el permiso escrito para la comisión de cualquier delito. Si ésta, como señal, se la lanza a través del mundo, aquellos que por encargo se dedican a matar, sentirán que su “profesión” es tan noble como las acciones de la Madre Teresa. Creerán y se auto convencerán de que los perpetran en nombre de ideales y en la lucha “por la democracia”, puesto que, por todos los confines de nuestro planeta, las masacres y asesinatos de inocentes, siempre se realizan en defensa de un mundo que dice ser libre. Es más aún, en esta siempre hipócrita alquimia de las palabras, los asesinos a sueldo han dejado de llamarse mercenarios, es decir, personas que por estipendio sirven en la guerra a un poder extranjero, para ser ahora considerados “contratistas”…

Acaba de ocurrir lo execrable en Estados Unidos. Vísperas de marcharse con más pena que gloria de la Presidencia de ese país, con pataleos de última hora incluidos, don Donald Trump ha indultado a mercenarios norteamericanos que no combatían a otras tropas, sino que se dedicaron en Irak al asesinato de indefensos ciudadanos, entre ellos, mujeres y niños. A mansalva, a manera de entrenar la puntería; con la convicción de que aquellos seres que caían bajo las balas arteramente disparadas, no tenían familia, no tenían sentimientos, no tenían un futuro del que alegrarse, no tenían aspiraciones de vivir en libertad y disfrutar de la felicidad… en suma, no tenían derecho a la vida.

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Si hay un factor que impele a las mentes autoritarias y retrógradas a cometer todo tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos, ése es la impunidad. Sabedores de que el tiempo todo lo borra, que las urgencias del día a día almacenan en el fondo de la memoria el recuerdo de las atrocidades cometidas, actúan con el convencimiento de que nadie ni nunca, pedirá rendición de cuentas.

Lo sabía muy bien la dictadura de la autoproclamada Jeaninne Añez, que no deja de ser ya un triste recuerdo de la historia patria. Entre sus primeros actos, destaca el retorno de personajes que se encontraban con procesos judiciales de los que habían huido, poniendo fronteras de por medio. A los pocos que quedaban, entre ellos el entonces prefecto de Pando que tiene sobre su conciencia el asesinato de decenas de campesinos, hecho comprobado incluso por misiones internacionales que vinieron exclusivamente a hacer una investigación imparcial, se les dio el beneficio del sobreseimiento. Es decir, aquí no pasó nada; todo fue un invento de los masistas para encarcelar a sus opositores. ¿Muertos? No, señor, ninguno. Y los sobrevivientes de El Porvenir quedan con el sabor amargo de que su lucha por justicia queda en nada; que los culpables vuelven a gozar de su dinero mal habido y de su poder, para continuar con la explotación de sus semejantes.

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Faltan escasas horas para que se lleven a cabo las elecciones del 18 de octubre; es decir, apenas un pestañazo de la historia, para que el gobierno de la autoproclamada Jeaninne Añez deba hacer entrega de la administración estatal a quienes resultaren elegidos por el voto popular. A esas escasas horas, sin pudor alguno, el gobierno de facto, cual perrillo de faldas del imperialismo norteamericano, hace el show de recibir las cartas credenciales de autoproclamado embajador de Venezuela, designado por el también autoproclamado Juan Guaidó, el presidente “encargado” a quien ni siquiera la oposición antichavista en la patria de Bolívar le lleva el apunte.

Probablemente nunca en la historia del país, la diplomacia haya sido puesta de manera tan flagrante al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica. Recuérdese, el 11 de enero de 2019, subido en una tarima de una plaza pública, el entonces diputado Juan Guaidó, un ilustre desconocido político venezolano de las esmirriadas filas de la oposición, se auto designaba como primer mandatario. A las pocas horas, con una diligencia muy comprensible, el gobierno de Trump lo reconocía inmediatamente, instando a sus “aliados” –es decir, los gobiernos títere que siguen a ojo cerrado todos los dictámenes de Washington– a hacer lo propio. Causo gracia –valga la anécdota– que el mismísimo Secretario de Estado que anunciaba el hecho, no sabía pronunciar siquiera el nombre del presidente que habían designado.

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