Han pasado 15 años desde aquel horrendo y criminal acto de racismo cometido contra campesinos en Sucre, el 24 de mayo de 2008. Sin embargo, los niveles de odio racial y discriminación siguen siendo alarmantemente altos en la sociedad boliviana.
Teníamos la esperanza de que la población de todo el país fuera capaz de superar esas viejas taras, herencia de un “Estado aparente” que durante casi dos siglos se construyó sobre tensiones regionales y confrontaciones militares.
Los esfuerzos por consagrar en la Constitución Política del Estado principios que permitan construir un país libre de racismo no han tenido el eco esperado. A pesar de la promulgación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, amplios sectores de la sociedad boliviana insisten en sostener un complejo de superioridad basado en un racismo anacrónico.
Este enfrentamiento se ha convertido en una afrenta para ciertos sectores de la clase media, que no toleran la presencia indígena en los espacios de poder que creían suyos por derecho. De ahí su ensañamiento, traducido en un odio cotidiano que se expresa sin pudor en redes sociales y en los medios de comunicación que controlan.
En Sucre, una vez más, el rostro racista y xenófobo recorre las calles. Se agrede a los quechuas que hoy detentan poder político. Las élites racistas manipulan a hordas llenas de odio que arremeten contra la institucionalidad del Estado. Otra vez buscan sangre.
Por eso, no sorprende que esta casta colonial —que aún se asume de “sangre azul”— sea objeto de crítica por sus actitudes xenófobas y su forma de relacionarse con autoridades del interior del país. La memoria colectiva aún guarda las imágenes de aquellas humillaciones racistas en la plaza 25 de Mayo.
Estas actitudes nos remiten a los tiempos de la Asamblea Constituyente y a las dirigencias de esa llamada “clase media” que, como bien apuntó un humorista, no es más que una “media clase”.
Los entretelones del poder revelan la existencia, en Sucre, Santa Cruz y otras regiones, de un entramado entre diversos factores de poder: iglesias, agroindustria, logias, sistemas educativos, autoridades de las FFAA, Policía y colegios profesionales. Esta red de poder se asemeja al sistema organizativo de la Edad Media (siglos V al XV).
Todo esto sucede hoy, y es difundido por los modernos “juglares”: los medios de comunicación, que en Sucre, Santa Cruz y otras regiones, parecen querer imponer un modo de vida medieval al resto del país.
Superar el racismo implica asumir el principio del reconocimiento de la diferencia. Una diferencia que no supone jerarquía, sino valoración positiva.
La convivencia entre pueblos originarios en distintos territorios ha avanzado sin mayores conflictos. Pero cuando entran en juego intereses particulares de ciertas élites regionales, el argumento racista vuelve a ser utilizado como herramienta para proteger privilegios.
La Bolivia del odio y la discriminación no debería seguir siendo la preocupación principal, quince años después. Pero eso no significa que debamos cruzarnos de brazos.
¡Que esta vez la justicia sea implacable y se ponga fin a la violencia fascista!
*Luis Camilo Romero, es comunicador para América Latina el Caribe
