Etiqueta: Desinformación

La Crisis de Octubre en 1962 llevó al mundo al borde de la Guerra Nuclear, algunos residentes cubanos en Miami, exigieron a Kennedy con manifestaciones y llamamientos para que lanzaran las bombas atómicas a La Habana y otras ciudades importantes del país, sin importar los muertos, la destrucción y la contaminación.

Después se conocería que los entusiastas voceros de la muerte, no tenían familiares, amigos o amores en Cuba y fueron denunciados de criminales irresponsables.

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Entre las diferentes medidas anunciadas por el gobierno presidido por Luis Arce Catacora, se ha mencionado la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas; considerado, desde ya, uno de los más bajos en el continente. La propuesta gubernamental apunta a fortunas por encima de $US. 4,3 millones (Bs 30 millones), junto a un procedimiento que discrimina positivamente a quienes tienen menos, determinando que aquella persona natural que tenga mayor patrimonio pagará más. Así, por ejemplo, la norma define que, cuando la base imponible sea de Bs 30.000.001 a 40.000.000, la alícuota será de 1,4%; en tanto que si ésta es de Bs 40.000.001 a Bs 50.000.000, la alícuota será de 1,9%, porcentajes que tendrán, además, el beneficio de descuentos significativos.

No obstante, ello ha aportado un pretexto más para incrementar el odio racista de las élites dominantes que aún conservan e incrementan su poderío económico. No ha mucho, vísperas de las elecciones, una persona amiga me envió un mensaje expresándome su angustia por esa medida que ya venía siendo anunciada como parte de la campaña del MAS IPSP. Y tal parece, el presidente Arce, a diferencia de los políticos de la derecha, se ha propuesto cumplir con la palabra empeñada y hacer realidad todas y cada una de las promesas electorales. El temor de esa vecina se basaba en la versión que de esta promesa hicieron los eternos mentirosos: ella tiene una casita en un barrio de Santa Cruz de la Sierra que, con el tiempo, se ha revalorizado, al igual que todos los terrenos de esa ciudad. Avaluada en algo más de 300 mil dólares, es el patrimonio que ha logrado hacer en toda una vida de sacrificio y trabajo. “¿Cómo es posible que los masistas quieran aplicarme un impuesto alto? Dicen que si no pago, se quedarán con mi casa”.

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No es novedad que los llamados medios privados y algunos emporios de comunicación hayan sido parte de golpes de estado en Bolivia. Eso se registra en los anales de la historia, incluso con los gobiernos de facto de Hugo Banzer y García Meza en los setentas y ochentas del siglo anterior.

Pero en lo que respecta a estos últimos años, desde que llegó a la presidencia en 2005 Evo Morales, con su triunfo de más del 52% de los votos, los medios de comunicación privados apoyados por la embajada norteamericana, partidos de la ultraderecha, junto a logias del oriente, articularon una dura y feroz resistencia a su gobierno.

Recordemos episodios más reconocidos en ese tiempo, desde que se instala la Asamblea Constituyente en Sucre, seguido de los famosos hechos de “La Calancha”, la implementación de los estatutos autonómicos en regiones del oriente y el sur del país en los que, por influencia de esos medios, no permitieron que el presidente Morales pisara esas regiones.

La lógica de los medios siempre fue establecer el cerco desde varios flancos de ataque: las revistas informativas, sus noticiarios tuvieron siempre a sus propios “analistas”, sus “voceros” y “caseritos”, que marcaron en su narrativa y línea discursiva que, el gobierno quiere “llevarnos a ser otra Cuba u otro gobierno como Venezuela…”

Muchos de los periodistas, hoy analistas de medios, fueron directores. El caso de Andrés Gómez en ERBOL, o Raúl Peñaranda en Página Siete y la misma Amalia Pando que desde su “Cabildeo” en el canal estatal en el año 2007, transitó varios medios privados mostrando su postura radical contra el gobierno de Evo Morales.

Esos medios apoyaron fervientemente al gobierno de facto con una cobertura dirigida políticamente y con la evidente intención de neutralizar cualquier crítica a la forma de gobernar de éste y su llegada al poder. La estrategia mediática se iniciaba ante cualquier movilización de los comités cívicos, sus cabildos o reuniones; los medios estaban bien alineados, a hora puntual y con todos sus dispositivos para dar amplia cobertura.

Lo mismo hicieron sus periodistas en las revistas mañaneras o de la noche, dando amplia cobertura para “sus autoridades”, que en sus declaraciones, justificaban las acciones golpistas, con el pretexto de “salvar la democracia”.

En los medios impresos, Página Siete y sus columnistas protagonizaron una sistemática campaña para despejar cualquier sospecha de que el gobierno de Áñez hubiera nacido de un golpe de Estado o una confabulación de la élite.

La radio Panamericana es ejemplo del apoyo mediático al gobierno de facto, cuando de forma descarada el periodista Juan José Hidalgo entrevistaba a Arturo Murillo, poniendo en su boca palabras que, a lo que el exministro afirmaba: “pero claro Juan José” y el periodista justificaba a su vez, con su típica frasecita: “como usted bien decía”, a las acciones represivas que ejecutada ese gobierno.

En otras entrevistas que Hidalgo de Panamericana hace a operadores de la derecha, ex asambleístas opositores sobre el tema de la llegada de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), el periodista lleva agua a su molino, poniendo en entredicho lo que hará esa Comisión, “por qué no investiga otros hechos, que se dieron entre octubre y noviembre”, desviando el propósito central de la llegada de esa delegación.

El 16 de noviembre de 2019, en Sacaba, mas propiamente en Huayllani, una columna de cocaleros que intentaba llegar a la ciudad de Cochabamba fue detenida por fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército. Murieron 10 campesinos y decenas fueron heridos.

Sabemos por los medios que ningún elemento uniformado murió o fue lastimado por disparos. Sin embargo: Página Siete tituló: ‘Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos’. En la noticia se afirmaba, sin suministrar pruebas, que los manifestantes tenían “armas de fuego y otros objetos letales”.

El 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron temporalmente el bloqueo de la planta de acopio de gas y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar camiones cisterna con gasolina a la ciudad de La Paz. Luego de hacerlo, dejaron la planta custodiada por militares con armas de fuego.

Cuando surge la posibilidad de mostrar evidencias de lo que fueron esos hechos, las cadenas Telesur y RT, venezolana y rusa, fueron suspendidas de los servicios de cable del país, así como las radios comunitarias son clausuradas porque según el gobierno de facto, estaban alineadas al gobierno de Morales.

Ha pasado un año y lo llamativo es que continua el cerco mediático en varios medios privados de televisión, radio y medios impresos.

Es triste y censurable el accionar de los “periodistas” de esos medios, que bajo el amparo de sus empresarios, actúan por abajo dejando a un lado su formación ética, los principios del periodismo y el respeto a la misma Constitución Política del Estado.

Si la CIDH tiene el propósito de investigar a fondo lo sucedido en los meses de octubre y noviembre en las masacres de Senkata y Sacaba, pero tendrá que indagar también el rol de esos medios de comunicación privados, al tapar las acciones de los golpistas y, por sobre todo, en ponerse al servicio de quienes ocultaron la información y no revelan la verdad de lo ocurrido.

*Luis Camilo Romero, es comunicador boliviano para América Latina y el Caribe

En su Art.21, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la ONU en 1948 indica expresamente: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente”. La Constitución Política del Estado boliviano consagra ese derecho en su Art.26.

Hace pocos días nuestro país llevó a cabo un proceso de elecciones generales que estuvo caracterizado por la altísima participación, disciplina y excelente disposición de la ciudadanía, que refrendó con ese ejercicio su voluntad mayoritaria de que el gobierno surja de las urnas. Sucesos lamentables, como la grosera militarización de la jornada, no opacaron ni disminuyeron la disposición del pueblo boliviano para optar por autoridades legítimas de gobierno mediante el voto.

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En el lenguaje coloquial cruceño se ha instalado el término “pelar capucha” para indicar la verdadera faz de un individuo o de una institución. Su uso se remonta, precisamente, al momento que se fue develando la existencia de las logias que gobiernan en Santa Cruz –entre bambalinas y dueñas del poder económico– a las instituciones de la región. Para resguardar su identidad, los miembros de estos grupos (Caballeros del Oriente y Toborochi) realizaban reuniones secretas a las que se citaba clandestinamente a sus afiliados, y a las que se acudía con una capucha que cubría el rostro.

Por analogía, el pueblo aplica el término con propiedad. Así, el periódico El Deber, que aparenta objetividad e imparcialidad por la vía de la negación a publicar determinadas noticias y cerrar sus páginas a todo comentario que se salga de la horma, ha empezado a actuar de manera cada vez más desembozada, con la intención de torcer la voluntad ciudadana que, de acuerdo a estudios y encuestas, se inclina mayoritariamente por la elección del binomio Luis Arce – David Choquehuanca en estas próximas –y todavía nada seguras– elecciones del 18 de octubre.

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Dos encuestas hechas por encargo, una de ellas a la medida del candidato Carlos Mesa, no pueden ocultar que el binomio Luis Arce – David Choquehuanca del Movimiento al Socialismo (MAS IPSP) lidera la preferencia electoral a casi un mes de la realización de las probables elecciones del 18 de octubre próximo. Ambas tienen como limitación metodológica el uso exclusivo de la llamada a celulares para nutrirse de datos, en desmedro de un importante segmento poblacional que vive en áreas rurales. Aun así, los datos son reveladores.

En el caso de la encuesta encargada por el periódico Página Siete –al que el humor popular ha rebautizado con el nombre de Página Miente, por su falta de ética y claro sesgo derechista–, es indisimulable el afán de mostrar a la población un virtual empate en el primer lugar, inflando desmedidamente el porcentaje de Carlos Mesa y disminuyendo el del binomio masista. La intención no es otra que provocar falsas esperanzas en una segunda vuelta; para ello, no vacilan en “informar” que, si se diera el caso, en el balotaje ganaría la fórmula de la derecha.

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Estamos en campaña electoral y son tiempos difíciles para los bolivianos, la derecha y el gobierno hacen política en base a una guerra jurídica con procedimientos ilegales e ilegítimos, usando y abusando del poder judicial, persiguen por opinar, reprimen y castigan en base a “convicciones” o “interpretaciones”. Difícil porque es una época de sistemático engaño, distinguir posverdad y noticia falsa de la verdad es casi imposible. Los golpistas del siglo XXI no solo necesitan sacrificios humanos como en Sacaba y Senkata, necesitan sacrificar también la verdad.

Los Tiempos de Cochabamba en su edición del Domingo (06-09-2020) acaba de dar un ejemplo de cómo asesinar la verdad, en el sonado caso de la consultora estadounidense CLS Strategies, informa que dos de las cuentas falsas creadas para apoyar al Gobierno transitorio y que una de las páginas falsas de Facebook, Prohibido olvidar, publicó contenido principalmente sobre denuncias de fraude electoral, tenía 524 me gusta y 595 seguidores. Otra página falsa de Facebook boliviana, Bolificado, se describió a sí misma como una operación de verificación de hechos y en al menos una ocasión contradijo los hallazgos de verificadores de hechos bolivianos auténticos. Para esta labor de desinformación y de mentiras el gobierno se comprometió a pagar noventa mil dólares del dinero de los bolivianos.

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En los últimos días, ha arreciado una campaña oficial de desprestigio al Movimiento al Socialismo, a sus candidatos y a sus dirigentes. Lo que se busca es desviar la atención de la ciudadanía acerca de los verdaderos problemas que afligen al país. Una crisis pandémica carente de soluciones, con un gobierno de facto que no da pie en bola salvo para hacer negociados con la vida y la salud del pueblo; una crisis económica que día a día condena a los más pobres a sufrir hambre y miseria, mientras la gran banca y los sectores empresariales pudientes reciben ingentes recursos en nombre de la reactivación económica; despidos masivos de trabajadores y funcionarios; una educación clausurada por mezquinos cálculos electorales para desmovilizar a maestros y estudiantes; persecución y cárcel contra quienes reclaman por sus derechos, judicializando la protesta social; entre otros, son los problemas para los que el pueblo pide urgente atención.

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