Categoría: Artículos

  • Un pollo burro hablando de orejas

    Un pollo burro hablando de orejas

    Sin pudor alguno, mostrando su rastrero servilismo a las políticas y narrativas del imperio, Rodrigo Paz Pereira da lecciones de lo que se debe hacer por el pueblo cubano. Ha manifestado que allá, en la isla de la dignidad, se pasa hambre y que el Estado debe cambiar para servir a la gente y no a la inversa. Dice, con absoluto descaro, que aquí ocurría lo mismo y que ahora el Estado sirve al pueblo… ¡como que dan ganas de creerle!

    Respecto a la primera afirmación, no duele su ignorancia, que no es supina ni limitación cognitiva. Es comedida y bien recomendada, pues de lo que se trata ahora es de denostar al gobierno revolucionario de Cuba porque así lo ordena su mandamás Donald Trump, quien afirma que, después de Venezuela, se viene Cuba. Para ello, hay que preparar bien el terreno y nada mejor que presidentes supuestamente democráticos y expresivos del sentir de los pueblos del sur, para dar una palabra de aliento innecesaria para la invasión que se planea desde el Pentágono para, de una buena vez, extirpar ese mal ejemplo que es aquella pequeña nación, de apenas diez millones de habitantes y que no significa amenaza alguna para el imperio. Claro, verdad a medias, porque, en rigor, Cuba es siempre la mayor amenaza para ese capitalismo salvaje que distribuye miseria, horror y muerte por el planeta entero. Es su ejemplo de valor y resistencia lo que inspira a palestinos y palestinas a resistir en Gaza al sionismo genocida; como es su resistencia heroica la que alimenta la decisión de enfrentar y derrotar al invasor en Irán y en todo el eje de la resistencia en Medio Oriente.

    Pollo Paz Pereira no ignora todo aquello; por el contrario, es plenamente consciente de lo que Cuba significa para los desposeídos de la tierra. Y ello engloba su propio entorno. El pueblo boliviano pudo haber sido confundido por una avalancha de desinformación y manipulación mediática para ser convencido en sus estratos más pobres en lo ideológico y en aquellos que lo imaginaron como el mal menor, para llegar a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero en menos de un año, los escándalos de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y otras lacras con la Primera Dama de la Nación como protagonista, muestran de cuerpo entero a los gobiernos que el imperio necesita para domesticar a nuestros pueblos. Por ello, antes de viajar a la asamblea de Naciones Unidas, lanza la diatriba contra Cuba, deseoso de mostrarse como el perrito faldero y ladrador que atenúe las penas del jefazo.

    Y es que en ese mismo foro, muy pocos son los ocasionales aliados del amo que se alinean en la narrativa de la que hoy Pollo Paz Pereira se muestra como paladín. Por el contrario, año tras año, las votaciones de los alrededor de 190 países representados, de forma por demás abrumadora, exigen el fin del bloqueo y no piden un cambio de gobierno en Cuba. Arma genocida, el bloqueo también se ha ejercido contra Irán, con idénticos y paupérrimos resultados, porque la consciencia de los pueblos es infinitamente mas fuerte que las desesperadas e inútiles andanadas del imperialismo afanado en conservar a sangre y fuego su hegemonía.

    Nuestro aprendiz de gallo se va a la Asamblea de Naciones Unidas dejando un reguero de angustia y desolación en el país. Acaba de renovar un estado de excepción para evitar las protestas de la gente llana y sencilla que ve con desesperación cómo los precios suben sin control alguno, que el diésel se va por las nubes encareciendo en espiral el costo de vida, que el país acuerda con el Fondo Monetario Internacional los términos de entrega de nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y nuestro Estado, para descargar sobre las espaldas del pueblo trabajador los efectos de una crisis hoy por hoy agravada por la soberbia de un Donald Trump, convencido de que las cosas se arreglan secuestrando a un presidente democrático e invadiendo países,bombardeando colegios de niñas inocentes y violando derechos humanos y normas de convivencia internacional.

    No sabe nuestro inefable pollo que escupe hacia arriba: el cambio de gobierno no se dará en Cuba, sino en Bolivia, pues el pueblo ha perdido la paciencia y se apresta a ganar las calles, los caminos y las plazas, en franca resistencia inspirada, también, en el heroico pueblo cubano.

  • Alemania: ¿alternativa para Europa?

    Alemania: ¿alternativa para Europa?

    Las recientes elecciones regionales llevadas a cabo en Sajonia, Alemania, le han reportado un resonante triunfo a la AFD, siglas de la organización germana que se traducen como Alternativa para Alemania. La elección ha hecho sonar las alarmas no sólo en el país teutón; sus resultados repercuten en toda Europa porque pueden ser la antesala de cambios sustanciales no sólo al interior de la comunidad europea, sino que podrán afectar también drásticamente la geopolítica global.

    Sabido es que la Europa occidental, con Alemania, Francia e Inglaterra como directores de orquesta, se han alineado con Ucrania en el conflicto que enfrenta a la OTAN con Rusia. De hecho, existe una coincidencia de analistas de diferentes tendencias que afirman que, sin dicho apoyo no sólo político, sino fundamentalmente económico y logístico, el gobierno de Volodímir Zelenski habría sucumbido ante la maquinaria bélica rusa. De hecho, para estos mediados de septiembre, la estrategia del bloque occidental se ha basado en atacar con drones el territorio ruso, con la esperanza de forzar al gobierno de Putin a sentarse a una mesa de negociaciones para lograr, al menos, un alto al fuego. En ese marco, el rol de Alemania ha resultado crucial. Junto con Londres y París, han proveído de armas e información satelital, además de directa asesoría militar, para enfrentar lo que consideran el peligro estratégico para el futuro occidental, por la cada vez más estrecha relación entre Rusia y China, cuya base se extiende a la par que los BRICS se consolidan como bloque mundial.

    Lo aparentemente curioso de la evolución del conflicto hasta el estado de alineamiento que hoy se conoce, es que antes del inicio de lo que Rusia llama la “operación Especial” en Ucrania, la economía europea y, particularmente, la alemana, dependían en gran medida de la provisión energética rusa para su industria. De hecho, el milagro alemán y su creciente expansión industrial se basaban no sólo en el alto grado tecnológico alcanzado, sino en la provisión de gas y energía barata que Rusia le vendía.

    Todo ello acabó con el conflicto en Ucrania, cuando la OTAN decidió hacer suya esa guerra y comprometerse con el apoyo descrito. Una primera tentación para explicar este cambio apunta a pensar que los fuertes lazos del país germano con Estados Unidos a partir de la post guerra, determinan en gran medida el alineamiento geopolítico teutón. Ser reconocida como la locomotora de la economía europea ha tenido mucho que ver con el afianzamiento del sistema capitalista organizado por Estados Unidos en el mundo; y ahí radica una parte de la argumentación para enfrentar a Rusia que decidió iniciar el conflicto bélico a raíz del continuo avance de esa alianza militar hacia sus fronteras, a pesar del compromiso hecho vísperas de la desaparición de la Unión Soviética de abstenerse de acciones hostiles contra Rusia. En ese afán, sin duda, Alemania jugó un papel de primer orden. Angela Merkel, la ex mandamás germana, declaró a posteriori que habían inducido al gobierno de Putin a firmar un tratado en 2016 con diversos engaños, con la única finalidad de ganar tiempo y fortalecer a Ucrania en el plano militar, a sabiendas de que una confrontación se daría más temprano que tarde. Pero ése no es el único motivo. Existe otro, menos visible, que explica también los móviles de la actual dirigencia alemana por apostar a la resolución bélica del conflicto. Y es el hecho de que Friedrich Merz, el actual Canciller alemán, antes de llegar a ese alto cargo, era parte de la cúpula de Black Rock, ese gigantesco imperio que es propietario de incontables riquezas en el mundo entero. Sus intereses tienen al territorio ucraniano como uno de sus ejes estratégicos, tanto por la posibilidad de hacerse con las cada vez más cotizadas tierras raras, indispensables para el desarrollo tecnológico de alta gama, como por sus extensiones agrícolas que han convertido a esa nación en virtual granero del mundo. Pero Black Rock no sólo tiene intereses en el ámbito productivo y financiero; sus operaciones se extienden al lucrativo negocio de las armas. Se afirma que participa accionariamente en la mayoría de las grandes industrias que proveen material de guerra y, por tanto, es un directo interesado en mantener el fuego bélico; algo que se confirma por la beligerancia alemana que ahora más que nunca, desvía los recursos públicos del país para apoyar al gobierno de Zelenski.

    Durante buena parte del conflicto, en Europa parecía existir un consenso no sólo para apoyar a Ucrania, sino para enfrentar, llegado el caso, a la amenaza encarnada por Putin. Explícitamente, todos los gobiernos conservadores del viejo continente ratificaron una y otra vez su compromiso en ese sentido, aunque las desavenencias empezaron a manifestarse a medida que el conflicto se alargaba y no se llegaba al resultado inicialmente ofrecido, de una rápida derrota de una rusia sin armamento suficiente y doblegada por sanciones económicas de gran magnitud. De hecho, cientos de miles de millones de sus activos en el exterior fueron confiscados en Europa, poniendo en entredicho a un sistema financiero que dejaba de ser una instancia técnica y operativa para convertirse también en un instrumento de presión política desde occidente. Pero la guerra continuó y, a pesar de los grandes esfuerzos y contribuciones no sólo de Estados Unidos sino de toda la OTAN, la balanza se ha inclinado a favor de una Rusia que ha burlado con mucho éxito la andanada financiera y, por el contrario, ha fortalecido su economía acomodando su petróleo en otros mercados; entre ellos, China y varios países del BRICS.

    Ello empezó a erosionar un aparente consenso en la opinión pública europea, cuyas voces disidentes no aparecen en los grandes medios de comunicación. Pero, en diversos países, particularmente en Francia y Alemania, partidos políticos de diversa índole han servido de canales de expresión de una ciudadanía cansada de una guerra que sólo les quita impuestos sin beneficios nacionales. Uno de esos actores es precisamente AFD (Alternativa para Alemania), una organización política que va creciendo a ritmo sostenido y ahora amenaza al establishment europeo y mundial. Ha manifestado reiteradamente su oposición a la guerra, a contrapelo de expresiones políticas supuestamente progresistas y pacifistas, como los Verdes que, por el contrario, se han convertido en los guerreristas más radicales de Alemania. Para colmo, no han unido sus voces para condenar a Rusia y, por el contrario, abogan por volver a un entendimiento que favorecía plenamente a Alemania en los años precedentes al conflicto. Su mensaje ha calado hondo en grandes mayorías alemanas, pues prometen asumir una política internacional que priorice los intereses de la nación antes que el alineamiento pro norteamericano que ha caracterizado a los últimos gobiernos germanos. Sin embargo, ello no quiere decir que AFD considera a Estados Unidos un enemigo; por el contrario, aspiran a recuperar una relación de mutuo beneficio que fuera característica de la post guerra.

    AFD ha sido mostrada en el plano público como una organización ultraderechista y no han faltado quienes la asocian con un renacer del nazismo. Tal aseveración se alimenta con la férrea oposición de dicha organización a la migración, lo que equivale a una suerte de racismo en contra de inmigrantes generalmente africanos que llegan a Alemania por diversos motivos. Sin embargo, su dirigencia explica que sí se opone a una migración que llega al país para vivir gratuitamente a expensas del Estado, sin integrarse a la economía y a la producción. Su máxima dirigente, Alice Elisabeth Weidel, es lesbiana declarada y su pareja, con quien se ha casado y tiene dos hijos, tiene origen africano. Ella misma se ha esforzado por explicar las razones de su oposición a una migración indiscriminada; pero sus argumentos son poco conocidos.

    Con todos esos antecedentes, Alternativa para Alemania aparece en el horizonte del país como una avalancha en crecimiento que bien puede hacerse del gobierno en el mediano plazo. Si ello ocurre, y el previsible balotaje en Francia entre la derechista Marion Anne Perrine Le Pen y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon  de la organización Francia Insumisa, horadarían la columna vertebral de la postura europea occidental no sólo de cara al conflicto en Ucrania, sino en la correlación geopolítica que va restando fortaleza al intento norteamericano por mantener su hegemonía mundial.

    A ese paso, Alemania se proyecta también como una alternativa para Europa, hoy por hoy, alineada sin tapujos con los esfuerzos norteamericanos que buscan frenar la insurgencia de un orden multipolar.

  • Cerimedo: ¿quién le abrió las puertas del poder?

    Cerimedo: ¿quién le abrió las puertas del poder?

    El caso Cerimedo no puede reducirse a la conducta de un consultor argentino detenido en Bolivia. Lo que está en discusión es algo mucho más serio: ¿cómo pudo una persona sin cargo público adquirir semejante acceso al Gobierno de Rodrigo Paz? La pregunta no es solamente qué hizo Cerimedo. La pregunta es quién tenía el deber de controlar su presencia, quién le abrió las puertas del poder y quién permitió que llegara hasta donde llegó.

    No estamos hablando de una relación privada entre dos particulares. Los materiales difundidos muestran a Cerimedo relacionado con el entorno presidencial, ministros y funcionarios. En audios atribuidos a distintas autoridades se habla de operaciones, conflictos sociales, cambios dentro del gabinete y estrategias de comunicación. La autenticidad de esas grabaciones deberá establecerse mediante las pericias correspondientes. Pero su difusión ya plantea una cuestión elemental: ¿qué cargo tenía Cerimedo para intervenir en asuntos que corresponden a autoridades del Estado?

    Si era solamente un asesor, hay que saber quién lo contrató, bajo qué condiciones y cuáles eran sus atribuciones. Si no tenía un cargo formal, hay una pregunta todavía más importante: ¿en virtud de qué autoridad podía acceder a información, funcionarios y decisiones gubernamentales?

    Estas son las preguntas mínimas sobre esa responsabilidad:

    ¿Quién lo introdujo al entorno presidencial?

    ¿Quién lo presentó a ministros y funcionarios?

    ¿Quién mantenía comunicación con él?

    ¿Quién recibía sus informes?

    ¿Quién le proporcionaba información sobre operaciones?

    ¿Quién permitió que un extranjero sin función constitucional participara en asuntos de Gobierno?

    Estas preguntas no son una acusación. Son las preguntas mínimas que una investigación seria debe responder.

    Porque incluso si Rodrigo Paz afirmara que desconocía el verdadero alcance de las actividades de Cerimedo, la responsabilidad política no desaparece. Si el Presidente no sabía, ¿cómo pudo un operador sin cargo formal llegar hasta ese nivel de acceso? Si sabía, ¿qué hizo para impedirlo? Y si recibió información o coordinó acciones con él, ¿qué sabía, cuándo lo sabía y qué decisiones tomó?

    Hay además una pregunta que hasta ahora tampoco tiene una respuesta pública suficientemente documentada: ¿en qué condición migratoria permaneció Cerimedo durante sus frecuentes ingresos y estadías en Bolivia? La reglamentación de la Ley de Migración establece que la visa de turismo o visita no implica el ejercicio de actividades remuneradas o lucrativas, mientras que existen categorías específicas para quienes realizan actividades de trabajo. Por tanto, si Cerimedo desarrolló en Bolivia una actividad remunerada bajo una condición migratoria que no la autorizaba, corresponde establecer qué ocurrió, quién conocía esa situación y qué hicieron las autoridades competentes.

    La denuncia del exabogado de Cerimedo, Ramiro Vega, abre otro frente que también debe investigarse. Vega sostiene que Gilda Céspedes, secretaria privada del Presidente, se comunicó con su exesposa, Roxana Lizárraga, para plantearle que abandonara la defensa y preguntarle si podía hacer algo para que los medios dejaran de hablar del caso. Según Vega, la llamada ocurrió después de que él y Cerimedo prepararan una solicitud para que pudiera conceder una entrevista a la prensa. Poco después, Cerimedo prescindió de sus servicios.

    Si la denuncia de Vega se confirma, la pregunta inevitable es: ¿a quién le interesa bajar la intensidad mediática del caso?

    ¿Céspedes actuó por iniciativa propia?

    ¿Informó al Presidente?

    ¿Recibió alguna instrucción?

    ¿Quién conocía la intención de Cerimedo de dar una entrevista a la prensa?

    ¿Por qué Cerimedo cambió de abogado inmediatamente después?

    ¿Existen registros, mensajes o testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido?

    No corresponde convertir una denuncia en sentencia. Corresponde investigarla.

    La Constitución establece responsabilidades concretas para quienes ejercen el poder. El artículo 172 atribuye al Presidente la dirección de las políticas del Estado y de la administración pública; además, le corresponde designar a los ministros y ejercer otras funciones de conducción estatal. El artículo 122 establece la nulidad de los actos de quienes usurpen funciones que no les corresponden. Y el artículo 124 define específicamente los supuestos de traición a la patria. Por eso tampoco corresponde utilizar esta última figura antes de establecer los hechos.

    Lo que sí corresponde es reconstruir la cadena de acceso, conocimiento, coordinación y responsabilidad.

    Cerimedo puede responder por sus propios actos. Pero un operador no se instala solo en el corazón del poder. Alguien lo introduce. Alguien lo recibe. Alguien le permite entrar. Alguien conoce su influencia.

    Y, si las actividades y denuncias se confirman, nuevas preguntas retumban: ¿quién intenta protegerse de quién? ¿Paz de Cerimedo, o Cerimedo de Paz? ¿Siguen coordinados?

    Cerimedo puede terminar en Chonchocoro. El problema de Bolivia no termina allí.

    La sociedad boliviana tiene derecho a saber quién abrió esa puerta, quién permitió que permaneciera abierta, qué ocurrió detrás de ella y quién intenta hoy bajarle el perfil mediático, y para qué.

    No necesitamos una explicación conveniente. Necesitamos verdad, investigación y responsabilidades: desde el primer eslabón de la cadena hasta el último.

  • El camino inconstitucional del FMI

    El camino inconstitucional del FMI

    El gobierno de Rodrigo Paz nos conduce por la senda permanente de la ilegalidad e inconstitucionalidad, con acuerdos como el crédito de 1.900 millones de dólares con el FMI. Este pacto no es un simple préstamo: es la pérdida de soberanía y la subordinación a recetas externas que ya demostraron ser nefastas para nuestros pueblos.

    Se nos propone olvidar la memoria histórica, borrar el significado del ajuste estructural que vivimos en décadas pasadas y repetir la desgracia que hoy atraviesan Argentina y gran parte de América Latina bajo el yugo del Fondo. Reaparece en el discurso político el viejo servilismo, disfrazado de modernidad, apertura de mercados e inversión extranjera, hipotecando el futuro del país.

    El crédito del FMI implica abandonar el modelo económico que permitió a las mayorías nacionales acercarse al Vivir Bien, para reemplazarlo por un camino de miseria y sumisión. La desesperación del gobierno de Paz por aprobar este préstamo busca sostener a un poder que va a la deriva. Su aprobación significaría violentar lo estipulado por la Constitución Política del Estado, pero para Paz y sus socios ese atropello es apenas un “daño colateral”.

    La Constitución boliviana se convierte en un estorbo para las élites, porque limita sus fechorías y frena la dinámica neoliberal que necesitan para chupar la sangre del Estado. Por eso, personajes como Quiroga, Doria Medina, Reyes Villa y los agroindustriales del oriente -representados por el Comité Cívico, la CAO y la CAINCO- están urgidos de concretar cambios radicales en la Carta Magna. No necesitan ampliar el estado de excepción: les basta con la violencia estatal y con una cirugía extrema de la Constitución, redactada a su medida, para que el Estado deje de ser un obstáculo a sus negocios.

    Los recursos naturales, la salud, la educación y el pueblo boliviano nunca han sido su prioridad. Los recursos son para sus negocios personales, la salud es un mercado a explotar, la educación solo para sus hijos, y el pueblo es apenas un electorado que hay que embobar para ganar elecciones.

    Por eso, el pueblo debe recuperar la memoria que perdió en 2025, cuando votó anestesiado y adoctrinado en una elección cooptada. Lo que sucede hoy, con la intención de aprobar un crédito inconstitucional, es parte de una estrategia supranacional. El Escudo de las Américas, plan digitado desde Washington, exige llevar a Bolivia a épocas cavernarias para favorecer los intereses imperiales de Estados Unidos. Bolivia es apenas una pieza en proceso de sometimiento; el siguiente paso es Brasil, el gigante sudamericano que aún resiste y dónde ya hay «Cerimedos» confabulando.

    Bolivia debe entender que no hay casualidades: hay piezas moldeadas para configurar un tablero internacional que alimenta el apetito y la gula de Trump y sus aliados.

    Por todo esto, resistir al crédito del FMI no es un capricho ideológico, sino una necesidad histórica para preservar nuestra soberanía y dignidad. Bolivia no requiere cadenas disfrazadas de préstamos: requiere confianza en su propio pueblo, en sus profesionales, en su ciencia y en sus recursos naturales. Las alternativas existen: fortalecer el ahorro interno, potenciar la banca pública, impulsar acuerdos de cooperación con países aliados sin condicionamientos, y sobre todo, invertir en sectores estratégicos como energía, litio, agroindustria soberana y tecnología nacional.

    El verdadero crédito que necesitamos es el que se construye con el esfuerzo colectivo y la organización popular, sin amarres ni dependencia, con la certeza de que el futuro de Bolivia debe ser decidido en Bolivia y no en los escritorios del Fondo.

    Esta es Nuestra Palabra.

    • Sábado 19 de Septiembre – 10:00 Horas – Conduce Malamen
    • Radio Cepra: Chuquisaca FM 95.8, La Paz FM 89.2, Cochabamba FM 100.9, comunicación desde los pueblos.

  • El saqueo despiadado

    El saqueo despiadado

    La noticia viene con las acusaciones mutuas de dos empresas en pugna por la compra de los concentrados de zinc de la Empresa Minera Colquiri. La práctica del mercado libre nos muestra las más encarnizadas batallas para controlarlo, hasta imponer el monopolio, y ser dueño único del mercado llamado libre. Hoy se trata de una velada acusación de corrupción. El hecho nos permite explicar el saqueo a que estamos sometidos cuando de exportar concentrados de mineral se trata.

    El principal rubro de exportación de minerales en volumen en Bolivia son los concentrados de zinc, 1.200.000 toneladas aproximadamente (500.000 toneladas de zinc). El 2025, su valor de exportación llegó a 1.428.896.137 dólares; sin embargo, el ingreso a la contabilidad de las empresas sólo es por un tercio de este valor.

    Para esta afirmación tomamos el caso de Colquiri, donde el año 2021 se tuvo un valor de mercado de 38.157.338 dólares y un ingreso neto de 11.926.280 dólares. Esta enorme diferencia se debe a los gastos de refinación en el exterior, cuya legalidad depende de la pugna en la licitación, donde se fija el precio de venta. Una vez adjudicado no hay porque pedir explicaciones. Con este mecanismo Trafigura ha sido la empresa que, año tras año, fue adjudicándose los concentrados de zinc de Colquiri.

    El modelo se extiende a toda la minería nacional, sea cual fuere el mineral en concentrados. Empresas como San Cristóbal, Sinchi Wayra, Illapa y San Vicente tienen la misma estructura del costo. La estructura es: gastos en el exterior 43%, costos mina 22%, impuestos 19%, utilidades en Bolivia 16%. El pago del Impuesto a las Utilidades (25% de la utilidad) se calcula sobre este 16% del valor del metal. Cuanto mayor sea el costo, menor será la participación del Estado. De ahí nace el clamor de la instalación de las refinerías de zinc en el país.

    Sin embargo, hay otro elemento más importante, la expropiación de los metales acompañantes al zinc. Se sabe de su existencia por un análisis técnico, pero no son tomados en cuenta como ingreso, porque se dice que no son comerciables. Sin embargo, países como Corea del Sur aparecen como países productores de indio, sin tener minas; son derivados de los concentrados de Bolivia que alimentan sus refinerías, donde se extrae el indio y se aprovecha todos estos elementos.

    ¿A que nos estamos refiriendo? Los concentrados de zinc de Colquiri contienen también otros elementos, estos son: zinc 47%, azufre 33% y hierro 16%. Luego, están otros diez elementos, pero para el análisis sólo tomaremos en cuenta cinco, en porcentajes: la plata (0,012), el estaño (2,00), el cobre (0,80), el indio (0,05), el galio (0,03). Con una producción anual de 17.000 TM, y tomando como sus precios respectivos los siguientes (a la fecha): de plata, $us 64 onza, estaño, $us 54.000 TM, cobre $us 14.223 TM, indio $us 790 kg, galio $us 250 kg, da como resultado: plata $us 4.60 millones, estaño $us 19,9 millones, indio $us 12,08 millones, galio $us 1,4 millones, cobre $us 1,93 millones, haciendo en total de estos cinco elementos en un año de $us 39.91 millones. Este monto se va al extranjero sin recibir nada a cambio.

    Por todo lo anotado, el pedido de fundición e industrialización no es un capricho, sino la defensa de la soberanía de los recursos naturales. Se pide que vengan inversionistas: qué vengan condicionados a este punto fundamental y no nos contentemos con el 5% de las regalías y el 4% de utilidades, como ahora.

  • Santa Cruz S.A. el mito que nos costó doscientos años de crédito ajeno

    Santa Cruz S.A. el mito que nos costó doscientos años de crédito ajeno

    Hay una frase que Santa Cruz repite de sí misma con tanta frecuencia que ha dejado de sonar a relato y empezó a sonar a hecho: la región se hizo sola, a pulso, sin ayuda del Estado, mientras el resto del país vivía de subsidios y prebendas. Es una frase útil. Explica por qué su élite merece lo que tiene, por qué no debe rendirle cuentas a nadie y por qué cualquier intento de regularla es, casi por definición, un ataque a la libertad de trabajar. El problema es que la frase es falsa, y no lo es por matiz: lo es por los números.

    La mitad de todos los créditos rurales que otorgaba el Banco Central de Bolivia se concentraba en un grupo reducido de prestatarios cruceños. Tres décadas después, bajo el gobierno de Banzer, hasta el noventa por ciento de los préstamos del Banco Agrícola de Bolivia terminaba en ese único departamento, y en la banca comercial la cifra rondaba el sesenta y ocho por ciento. La región que hoy se presenta como la más autosuficiente del país fue, durante buena parte del siglo XX, la más subsidiada por el Estado que dice haberla abandonado. No es una interpretación: es el registro de los propios bancos estatales y comerciales de la época.

    Ese subsidio no se detuvo con la democracia ni con el fin del ciclo militar. Cambió de forma. Hoy no llega como crédito preferencial, sino como tolerancia fiscal. Las principales empresas soyeras del país facturaron, en 2023, ingresos operativos superiores a los dos mil millones de dólares. Sus impuestos a las utilidades representaron apenas el dos por ciento de esa facturación. No es una cifra aproximada ni una acusación militante: es un dato de Oxfam replicado por investigación independiente sobre los estados financieros del sector. Un departamento que exporta soya, carne y madera a escala industrial, que desmonta más bosque que ningún otro en Bolivia, devuelve al Estado una fracción marginal de lo que extrae. La pregunta que cabe hacerse no es si Santa Cruz «aporta» a Bolivia. Es a quién, exactamente, le aporta ese modelo.

    La respuesta tiene nombre y apellido, literalmente. Los registros de los juzgados agrarios cruceños entre 1953 y 1981 permiten reconstruir con nombre propio a las familias que recibieron las grandes dotaciones de tierra fiscal del período: decenas de miles de hectáreas repartidas entre un puñado de apellidos que hoy siguen apareciendo en las cámaras empresariales, en las gobernaciones y en los gabinetes ministeriales, generación tras generación. El latifundio boliviano no desapareció con ninguna reforma agraria. Se transformó: fue «empresa agrícola» en 1953, clientelismo militar en los setenta, mercado de tierras bajo la Ley INRA en los noventa, y hoy es un portafolio disperso entre sociedades anónimas y fondos de inversión, diseñado precisamente para que resulte imposible rastrear con las herramientas de control del siglo pasado a quién pertenece, en el fondo, la tierra boliviana.

    Ese despojo territorial nunca fue solo económico. Se ejerció también, de manera sistemática, sobre los cuerpos que sostenían la producción. El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas documentó en 2009 testimonios de comunidades guaraníes sobre niñas entregadas a los patrones bajo la promesa de educarlas en la ciudad, que volvían embarazadas o que directamente no volvían. Investigaciones más recientes sobre la identidad cruceña registran, todavía hoy, el testimonio de una práctica naturalizada entre familias patronales: incentivar a los hijos varones a iniciarse sexualmente con trabajadoras domésticas indígenas menores de edad. Esta no es una anécdota lateral de la historia regional. Es, según muestra la evidencia documental disponible, uno de los mecanismos constitutivos de la relación de poder entre la élite cruceña y los cuerpos indígenas que sostuvieron su enriquecimiento: el trabajo forzado sobre los hombres, la violencia sexual sobre las mujeres y las niñas. El mito del «buen patrón», tan repetido en el imaginario oriental frente a la conflictividad más visible de otras regiones del país, no borra esa violencia. La invisibiliza.

    Vale la pena decir con claridad por qué esto importa hoy, más allá del método, estudio o análisis que utilices para interpretar la historia. El país discute, una vez más, si el problema de Bolivia es el Estado o el mercado, si la salida pasa por más apertura al capital privado o por más regulación pública. Esa discusión, planteada así, es una trampa, porque presupone que en algún momento Santa Cruz operó fuera del Estado, cuando en realidad se construyó dentro de él, a través de él y gracias a él, solo que en beneficio de muy pocos. El mismo modelo que hoy exige menos impuestos y menos regulación es el que, durante ochenta años, exigió y obtuvo créditos preferenciales, tierra fiscal gratuita, subsidios al diésel y tolerancia frente al desmonte ilegal. No hay ninguna contradicción entre pedir «menos Estado» para las obligaciones y haber construido toda una fortuna gracias a «más Estado» en los privilegios. Es, de hecho, el mismo gesto: capturar el aparato público para privatizar sus beneficios y socializar sus costos.

    De ahí que desmontar este mito no sea solo un ejercicio de justicia histórica, sino una tarea política urgente. Mientras el relato de la autosuficiencia cruceña siga funcionando como sentido común, cualquier intento de exigirle a esa élite que devuelva al país una fracción razonable de lo que ha extraído seguirá leyéndose como una agresión, y no como lo que efectivamente es: el cobro, con dos generaciones de retraso, de una deuda histórica que nunca fue saldada. Esa disputa por el sentido común no se gana solo con indignación. Se gana con los números que este libro pone, por fin, sobre la mesa, y con la decisión de no dejar que sean otra vez las mismas familias las que, desde los mismos espacios de poder, sigan escribiendo la historia que el resto del país está obligado a creer, si a creer por que ademas esa elite es además dueña de innumerables medios de prensa y televisión que imponen el relato que les conviene.

  • Miseria de la impostura

    Miseria de la impostura

    El derrumbe paulatino del sistema de partidos en Bolivia, ha sido un proceso inducido, en el que las instituciones que deberían preservar el sistema democrático fueron parte de este derrumbe. ¿Por qué y para qué, esta operación?

    El surgimiento del MAS-IPSP, fue un acontecimiento en el campo político mundial, cientos de cientistas sociales se dieron cita en Bolivia para observar este fenómeno, entre ellos miembros del “Think tank” imperialista. La fortaleza y solidez de un “instrumento político” fue detectado como un peligro para el sistema democrático liberal, ya que la hegemonía de los partidos neoliberales se había terminado y claramente el MAS – IPSP, era el “partido” hegemónico y con presencia nacional, que había declarado que estaría en el gobierno por los próximos 50 años. Conocido este propósito había que terminar con el gobierno de Evo Morales y con el “Instrumento”, en este propósito actuaron las mismas autoridades electorales afines al MAS – IPSP, y como de costumbre la cooperación internacional subvencionó estudios y diagnósticos destinados a “modernizar” el sistema político en Bolivia.

    Esta paulatina destrucción del sistema de partidos, consolidó la despolitización y la desideologización de la sociedad, iniciada en los años 80 del pasado siglo. De este proceso se consolidaron los “personajes” como los activos sujetos de la política, así los “tutos” fueron los modelos de la acción política, personajes solitarios, sin formación política peor ideológica, se auto-promocionaron en las redes sociales, buscando su ubicación en algún conglomerado de “colectivos y agrupaciones ciudadanas”, al mismo tiempo se puso en marcha el “mercado de siglas”, en este escenario un anodino candidato se hace del gobierno, gracias a un destacado tiktoker, que no pudo consolidar un grupo político y se conformó con ser el “vice” de cualquiera que se le arrime.

    Los resultados de este deterioro están a la vista, por un lado un masa amorfa compuesta de cristianos/evangélicos/católicos, racistas, empresarios, militares retirados, intelectuales colonizados, migrantes extranjeros con proyecto propio y migrantes internos que desprecian su origen, son lo que en Bolivia se denomina “derecha”. La falta de una base ideológica ha determinado que el gobierno de esta derecha termine en manos de un comerciante de las modernas tecnologías de la información.

    Esta falta de un sistema de partidos, cuyos militantes eran destinados en las instituciones y reparticiones estatales, permitió que los mecanismos de gobierno se corrompan, los partidos garantizaban un mínimo de control de las “apariencias” de ética , en cambio la práctica “uninominal” del poder político anuló toda posibilidad de transparencia y los enclaves, familiares muchas veces se adueñaron de la maquinaria estatal convirtiéndola en su propio instrumento de enriquecimiento, por supuesto que esto no es nuevo, es la vieja herencia colonial, pero actualizada con la política del saqueo impuesta por la presencia de las empresas transnacionales, que en el fondo son las que mayor provecho tienen de este deterioro estatal, dejando migajas a sus operadores locales.

    La actual descomposición del Estado, en todas sus estructuras, ya no puede tener esperanza en otra experiencia “democrática” cimentada en los viejos moldes, que hoy hace bandera de la “reforma constitucional” que es el golpe definitivo para consolidar este Estado corrupto, que cada día nos muestra su podrido rostro. El país requiere de un profundo cambio que termine con el sistema corrupto enquistado en la pesada burocracia estatal, que ni el MAS – IPSP pudo desmontar, resultando paradójico que personajes otrora poderosos “masistas” sean los actores de este drama, que permitió la descomposición del campo político.

    La mentira cotidiana del gobierno se ha naturalizado, la prepotencia y corrupción policial acecha al ciudadano, mientras el “asesor” sigue teniendo poder desde su celda de reclusión. La tragedia de Viacha es la tragedia de Bolivia donde la vida ya no cuenta, “ya no hay que buscar culpables” es el lema para terminar con las angustias y mostrar los bolsillos vacíos es un insulto cuando se amasan fortunas en los pasillos del poder. Devolver a la política el sentido que tiene en los pueblos originarios es una de las claves de este tiempo, y esto no es otra cosa que la defensa y reproducción de la vida.

  • La marcha por la vida

    La marcha por la vida

    El 28 de agosto de 1986 la Marcha por la Vida fue cercada por el mayor dispositivo militar-policial desde la guerra del Chaco. Tres divisiones del ejército, fuerzas policiales, apoyadas por la aviación y la naval, fueron la fuerza desplegada para cercar y desmovilizar a una multitud de más de 10.000 ciudadanos, que desde siete días atrás acumulaba su fuerza; su cansino andar difundía su pregón a toda Bolivia: Es por la vida. Los mineros no pueden morir, se clamaba en todos los confines, de la nacionalidad misma se trataba.

    Un año atrás se había dictado el DS 21060 que delineaba la nueva política económica y rescataba para sí el monopolio de la actividad política. Se suprimieron conquistas que eran a la vida del minero, la razón de su permanencia en el campamento: la pulpería como centro de abastecimiento, la educación permanente, la salud como un derecho, la estabilidad laboral como garantía de una vejez segura, también se cortaron los contratos de sobreproducción.

    Los problemas no eran nuevos: ya el mismo año, en marzo, los mineros presentaron un plan de rehabilitación de sus empresas y lograron que el gobierno de Siles Zuazo desembolsara 10 millones de dólares; las maquinarias y equipos estaban en los puertos y el cambio de política los dejarían encajonados por mucho tiempo. En agosto de 1985 se logró, en pleno estado de sitio y con la dirigencia encarcelada, el compromiso del gobierno de considerar un plan que demostrara la sostenibilidad de COMIBOL. El plan que contaba con el aval de universidades y la Pastoral Social se presentó, pero la respuesta fue un rotundo No.

    En Calamarca se volvieron a ver dos sujetos: militares y obreros, que desde 1964 se enfrentaban para conducir el Estado; desde visiones diferentes, lo señorial y lo popular, en un mismo esquema de acumulación: el capitalismo de estado. La fuerza militar había sido arrinconada después de sangrientas y delincuenciales gestiones gubernamentales y cedió el poder a los civiles agrupados en partidos políticos. La fuerza minera, defendiendo la empresa estatal, buscaba mantener su existencia social, para incidir con una visión de desarrollo, democracia y justicia social.

    El desgobierno de la dictadura había endeudado al país en un 80% del Producto Interno Bruto, sin posibilidades materiales de honrar los compromisos; se desatendieron los problemas productivos, un kilo de carne costaba más que una libra de estaño, las necesidades alimentarias no podían ser satisfechas: en medio de la especulación y la distribución de cupos, nacían los nuevos ricos. El estado de bienestar social había colapsado, era la hora de volver a viejos caminos. El liberalismo retornaba brioso en manos de quienes lo habían condenado en 1952. El llamado era trágico: “Bolivia se nos muere”, jamás se preocuparon de decir quienes lo habían llevado a ese estado de inanición. La explicación era la ineficiencia, la corrupción -el mal congénito del Estado- males que ellos practicaban en los gobiernos de los cuales fueron parte.

    La solución fue la privatización de más de 200 empresas del Estado, no sólo del gobierno central sino también de las prefecturas. Se trataba también de la capitalización de empresas estratégicas que tenían el monopolio del mercado interno, se dio la flexibilización laboral para conseguir empresas eficientes, la informalidad como forma de sobrevivencia, la uniformidad tributaria sin distinción de la explotación extractivista de un recurso natural o de servicio, la supresión de la regalía minera para bajar los costos. La economía en números macros estaba bien, había mucha exportación, exportar para vivir se decía, pero pocos ingresos para el Estado, incluso había que mendigar préstamos para pagar el sueldo de los maestros. Al no dar de comer al ciudadano común el modelo neoliberal fracasó.

    Así volvió el Estado planificador: los recursos naturales son de los bolivianos, es el capital para la industrialización, la empresa estatal es la única, contra los extractivistas, capaz de añadir valor con la fundición y la industrialización. El discurso del MAS fue más amplio que la realidad, 20 años de neoliberalismo, venerando la iniciativa privada o la oportunidad para la acumulación personal, el menoscabo a la ideología y por lo tanto de los valores fue la herencia que dio como resultado la estabilidad, solucionando los requerimientos de los sectores sociales, sin su articulación con el proyecto grande del vivir bien. La crisis que padecemos no es por el achicamiento de la economía sino por el crecimiento asimétrico del sector estatal frente al privado; hoy la economía está hegemonizada por el sector privado, mientras las obligaciones del Estado (salud, educación, seguridad) son sostenidas por las empresas estatales y el ciudadano común. Incordio que debe ser superado por la lógica económica.

    El legado de la Marcha por la Vida está en el coraje de defender lo que se cree con el ejemplo y el sacrificio; del convencimiento que esta patria la haremos nosotros, sin tutela alguna; que este propósito llama al concurso de todos sin privilegio alguno; que la democracia no es un torneo electoral, sino el ejercicio permanente del derecho a observar, sugerir y denunciar cuando se atente contra el bien común. No hay otra forma de construir comunidad; la marcha continua.