Una acción valiente de activistas medio ambientales ha puesto el dedo en la llaga de la composición del actual gobierno: la impugnación, en este caso, apunta al flamante ministro de Medio Ambiente, conocido empresario agroindustrial cruceño con una larga data familiar que lo ubica como parte de esa élite que, al amparo del “modelo cruceño de desarrollo”, ha expoliado las tierras del oriente boliviano. La agricultura empresarial, que demanda concentración de grandes extensiones de tierra (latifundismo) para promover el monocultivo de especies transgénicas como la soya y el maíz que, a su vez, requieren el uso intensivo de pesticidas probadamente cancerígenos, ha sido sistemáticamente denunciada por defensores del medio ambiente, con abundantes pruebas científicas que nunca han podido ser refutadas por los defensores de este modelo.
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Los barones del oriente y el poder
El Foro Agropecuario 2025, organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), no fue un debate electoral, sino una exhibición de la influencia desmedida del agronegocio en la política boliviana. Los candidatos presidenciales Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Jorge «Tuto» Quiroga desfilaron ante los barones del oriente, no para proponer soluciones al país, sino para jurar lealtad a un sector que representa menos del 1% de la población, pero controla un cuarto del diésel subvencionado y una porción significativa del poder económico y mediático. Este evento, lejos de ser un diálogo sobre el futuro de Bolivia, fue una subasta de voluntades políticas, donde el agronegocio reafirmó su rol como amo de la agenda nacional.
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Restauración del neoliberalismo para beneficio de la agroindustria cruceña: la legalización de los transgénicos

No es novedad para nadie que consolidar a la agroindustria cruceña como su principal factor de apoyo, fue para la dictadura de Banzer su primer objetivo de transformación de la estructura social y económica boliviana.
La apertura sin control de la frontera agrícola, la superposición de nuevas haciendas sobre millones de hectáreas de tierras pertenecientes a comunidades originarias fue una realidad. El empatronamiento de millares de hermanos indígenas que trabajaban al interior de las nuevas haciendas en una suerte de esclavismo moderno, fue un hecho deplorado por organismos internacionales hasta entrado el siglo XXI.
Desde entonces, todos los ministros relacionados con la agroindustria, fueron impuestos por la CAO y la CAINCO, que esta demás expresar el poder político que tuvieron tanto en democracias como dictaduras.
La oligarquía agroindustrial cruceña, que además de manera inconstitucional e ilegal por estar a menos de 50 kilómetros de frontera, vendió tierras a empresas extranjeras, tenía como su primer objetivo vender el 70 u 80 de su producción industrial soyera al mercado externo, cosa que lo logró con productos como el azúcar y el algodón. Entre el 20 y 30 por ciento, estaría destinado a las industrias aceiteras y las fabricas de alimentos balanceados para animales.
Su segundo objetivo era la legalización de producción de transgénicos para el consumo humano.
¿Cuales fueron sus acciones de incidencia y durante que periodos de gobierno?
El 5 de abril del 2005, en el gobierno de Carlos Mesa luego un “dictamen técnico”(14/05) del Comité Nacional de Bioseguridad, es utilizado por el SENASAG para aprobar la resolución administrativa SENASAG 44/2005. Esta autoriza la utilización de soya transgénica resistente al glifosato (evento 40-3-2) para la elaboración de alimentos y bebidas de consumo humano. El 7 de abril del mismo año, o sea 2 días más tarde, se autoriza la producción agrícola y de semillas, procesamiento, comercialización interna y externa de la soya transgénica que había sido aprobada por el SENASAG, mediante la Resolución Multiministerial No 1, firmada por varios ministros del gabinete de Mesa.
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Sobre la apertura al uso de semillas transgénicas en Bolivia
NUESTRA PALABRA No 3
8 de mayo de 2020, fecha en la que el gobierno transitorio de Jeanine Añez desenmascara la verdadera intención de tomar por asalto la administración del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta fecha, no solamente fue posesionado Oscar Ortíz Antelo como nuevo ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, sino que, minutos más tarde, amparados por la cortinade la emergencia sanitaria del coronavirus, se decreta la importación de semillas transgénicas supuestamente para garantizar la “reactivación económica”.

La sociedad en su conjunto rechaza esta nueva normativa por vulnerar a la Constitución Política del Estado (Art. 255. Parágrafo II. Núm. 8: Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.), pero principalmente por atentar contra la economía y la salud de la población.
La CPE ordena que “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”, consecuente con este mandato, el año 2011, el gobierno legítimo de Evo Morales, aprueba y promulga la Ley N° 144, De Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria que en su Art. 15°, parágrafo I, núm. determina que “No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificados de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”, normativa que en su momento generó críticas a la gestión del presidente Morales, pero que fueron el amparo legal para que la introducción de semillas transgénicas sean importadas con el fin único de sustitución de importaciones de combustibles como el diésel o la gasolina, hasta ahora subvencionados por el estado en su costo al consumidor final.
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