Etiqueta: Sector Agroindustrial

Dos renuncias a sendos ministerios en menos de 24 horas dan la pauta del carnaval que es el gobierno de facto presidido por la autoproclamada presidenta Jeaninne Añez. Oscar Ortiz, el ex candidato del 3% en la anterior elección, y Oscar Mercado, no forman más parte del Ejecutivo que prometía ser de transición, respetuoso de las leyes y defensor de la democracia. Nada de ello, la juntucha sucumbe a los caprichos de Arturo Murillo, el hombre fuerte del régimen, el que cree que el poder es eterno…

Triste aunque previsible final para el representante de las logias cruceñas –no lo afirmamos sólo nosotros, lo confirma el bocón del ministro de Gobierno–, quien desde el ministerio de finanzas lanzó un salvavidas por demás generoso a sus compinches agroempresarios, mediante la concesión de un préstamo que sale del bolsillo del pueblo boliviano. Nadie ha salido a defenderlo; por el contrario, ha recibido el aluvión de improperios de parte de su rival que, nuevamente, se da el lujo de cambiar el gabinete en nombre de la autoproclamada, que tampoco dice esta boca es mía. Punto de fricción ha sido la “devolución” a ELFEC de ciertas acciones que pasaron a poder del Estado merced a la política nacionalizadora del gobierno de Evo. Aunque Ortíz es un furibundo defensor del dejar hacer dejar pasar, creyó demasiado descarada la forma y el procedimiento para dar marcha a un proceso de desnacionalización en beneficio de los compinches cochabambinos.

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El gobierno de facto ha entrado en campaña electoral y lanza insinuaciones altamente peligrosas vaticinando que en el futuro escenario de octubre, tendríamos conflictos sociales muy similares a los que vivimos el pasado año. Y como preparando esos escenarios de conflictividad social, el gobierno de facto ha dicho que los allegados al MAS generarán conflictos en octubre luego de las elecciones generales porque, según el gobierno, dice que esa fuerza política, perderá los comicios del 18 de octubre. Y para colmo acota, diciendo que incluso el MAS tendría un plan preparado.

Estas afirmaciones que vienen del viceministro Javier Issa, tienen claramente intenciones políticas y tratan de incidir en el voto para que el ciudadano no se incline por el partido de Luis Arce, porque tal como se ve en las encuestas, este se encuentra de lejos en el primer lugar de la preferencia electoral.

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Nuestra Palabra N° 21

Las organizaciones sociales urbanas y rurales de Cochabamba y del país, manifestamos nuestro rechazo ante aprestos personales, políticos e institucionales de este Gobierno de Facto que tiene como propósito central postergar las Elecciones Generales fijadas para el 6 de septiembre del 2020, afectando nuestros derechos políticos democráticos.

Nuestras 20 publicaciones anteriores, nos permiten definir este Gobierno de Facto: Primero, es pactado e improvisado, que por falta de visión, liderazgo y organicidad, se depura y consolida una élite neoliberal gobernante que todavía cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Segundo, en estos ocho meses, ha ocupado su gestión cumpliendo los acuerdos favoreciendo las estructuras financieras y productivas privadas, potenciando a organizaciones y personas de tendencia antipopular, encubriendo acciones ilegales de instituciones, policías, fiscales, grupos y personas con apoyo directo del Ministerio de Gobierno, para garantizarse el control del poder, Tercero, proscribe el proceso de transformación del Estado Plurinacional, proscribe a la mayoría de la población de toda instancia de decisión política, proscribe el modelo económico social, el mecanismo de acumulación, redistribución y las empresas estatales, criminaliza la solidaridad, la pobreza, el hambre, la protesta, proscribe la libertad de asociación, de locomoción y de reunión, proscriben la política de solidaridad internacional antiimperialista como mecanismo de integración regional y mundial.

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No es novedad para nadie que consolidar a la agroindustria cruceña como su principal factor de apoyo, fue para la dictadura de Banzer su primer objetivo de transformación de la estructura social y económica boliviana.

La apertura sin control de la frontera agrícola, la superposición de nuevas haciendas sobre millones de hectáreas de tierras pertenecientes a comunidades originarias fue una realidad. El empatronamiento de millares de hermanos indígenas que trabajaban al interior de las nuevas haciendas en una suerte de esclavismo moderno, fue un hecho deplorado por organismos internacionales hasta entrado el siglo XXI.

Desde entonces, todos los ministros relacionados con la agroindustria, fueron impuestos por la CAO y la CAINCO, que esta demás expresar el poder político que tuvieron tanto en democracias como dictaduras.

La oligarquía agroindustrial cruceña, que además de manera inconstitucional e ilegal por estar a menos de 50 kilómetros de frontera, vendió tierras a empresas extranjeras, tenía como su primer objetivo vender el 70 u 80 de su producción industrial soyera al mercado externo, cosa que lo logró con productos como el azúcar y el algodón. Entre el 20 y 30 por ciento, estaría destinado a las industrias aceiteras y las fabricas de alimentos balanceados para animales.

Su segundo objetivo era la legalización de producción de transgénicos para el consumo humano.

¿Cuales fueron sus acciones de incidencia y durante que periodos de gobierno?

El 5 de abril del 2005, en el gobierno de Carlos Mesa luego un “dictamen técnico”(14/05) del Comité Nacional de Bioseguridad, es utilizado por el SENASAG para aprobar la resolución administrativa SENASAG 44/2005. Esta autoriza la utilización de soya transgénica resistente al glifosato (evento 40-3-2) para la elaboración de alimentos y bebidas de consumo humano. El 7 de abril del mismo año, o sea 2 días más tarde, se autoriza la producción agrícola y de semillas, procesamiento, comercialización interna y externa de la soya transgénica que había sido aprobada por el SENASAG, mediante la Resolución Multiministerial No 1, firmada por varios ministros del gabinete de Mesa.

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El 10 de mayo se conmemora en Bolivia el Día del Periodista. En una fecha similar de 1865 fue asesinado Cecilio Barragán, de esa profesión, por orden del tirano Mariano Melgarejo. Años más tarde, en 1938, el presidente nacionalista Germán Busch oficializó el recordatorio.

Con ese marco de fondo han sucedido ahora dos hechos significativos. Por una parte, el gobierno de facto promulgó el 7 de mayo el Decreto 4231, que ahonda las amenazas sobre las personas que “desinformen” acerca de la pandemia. Con la mayor parte de medios de comunicación bajo control, e incluso como cómplices de los golpistas, la norma evidentemente apunta contra la sociedad civil y su derecho a expresarse. La ambigüedad de la resolución es en la práctica un cheque en blanco para expandir y profundizar el amedrentamiento y la persecución, en una situación en la que son palpables la descoordinación, improvisación e incapacidad de gestión con relación al COVID 19 por parte del gobierno.

Habló el obispo

Precisamente el 10 de mayo el obispo católico Ricardo Centellas lanzó una serie de opiniones críticas sobre la gestión de gobierno, en su homilía en ocasión del Día del Periodista. Actualmente es arzobispo de Sucre y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, lo que da más relevancia y visibilidad a sus juicios.

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NUESTRA PALABRA No 3

8 de mayo de 2020, fecha en la que el gobierno transitorio de Jeanine Añez desenmascara la verdadera intención de tomar por asalto la administración del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta fecha, no solamente fue posesionado Oscar Ortíz Antelo como nuevo ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, sino que, minutos más tarde, amparados por la cortinade la emergencia sanitaria del coronavirus, se decreta la importación de semillas transgénicas supuestamente para garantizar la “reactivación económica”.

La sociedad en su conjunto rechaza esta nueva normativa por vulnerar a la Constitución Política del Estado (Art. 255. Parágrafo II. Núm. 8: Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.), pero principalmente por atentar contra la economía y la salud de la población.

La CPE ordena que “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”, consecuente con este mandato, el año 2011, el gobierno legítimo de Evo Morales, aprueba y promulga la Ley N° 144, De Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria que en su Art. 15°, parágrafo I, núm. determina que “No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificados de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”, normativa que en su momento generó críticas a la gestión del presidente Morales, pero que fueron el amparo legal para que la introducción de semillas transgénicas sean importadas con el fin único de sustitución de importaciones de combustibles como el diésel o la gasolina, hasta ahora subvencionados por el estado en su costo al consumidor final.

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