El Decreto Supremo 5503, del gobierno de Rodrigo Paz presentado como un plan de «estabilización» y «emergencia económica», representa la formalización de un programa neoliberal con nula diferencia al de Tuto. Su característica y hartante narrativa de «crisis terminal heredada» opera como un mito inaugural del shock, (misma estrategia que en Argentina o Ecuador), orientado a justificar el desmantelamiento acelerado del Estado Plurinacional, por más imperfecto que fuese, gestado tras las luchas históricas que dieron con él.
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Rompiendo el dulce encanto de la burguesia cruceña
La “quiebra” del banco FASSIL y la trágica muerte del interventor Colodro han obligado a pronunciarse al Comité Cívico de Santa Cruz que había guardado un silencio sepulcral ante estos hechos, el Sr. Larach, su presidente, ante las críticas a su silencio no ha tenido mejor idea que defenderse con la vieja premisa de que la mejor defensa es el ataque. Acusa al gobierno nacional de “querer criminalizar al modelo cruceño”, el argumento que esgrime es que el modelo cruceño es “más que 100 empresarios o la cartera de un banco quebrado”. Otros políticos, repiten majaderamente que no le hace bien a la “democracia ” ni a las instituciones estos supuestos ataques del gobierno y que hay cosas más importantes en que ocuparse.
Eso se llama victimizarse y es una vieja fórmula, cuando se descubre que muchos de esos “empresarios” roban, explotan y corrompen impunemente desde hace ya bastantes años, se victimizan para tratar de tapar éste y otros escabrosos hechos. ¡ Esta demostrado: la impunidad es el canon para mantener vivo el mito!.
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Adiós a los óscares, el gobierno que hace aguas
Dos renuncias a sendos ministerios en menos de 24 horas dan la pauta del carnaval que es el gobierno de facto presidido por la autoproclamada presidenta Jeaninne Añez. Oscar Ortiz, el ex candidato del 3% en la anterior elección, y Oscar Mercado, no forman más parte del Ejecutivo que prometía ser de transición, respetuoso de las leyes y defensor de la democracia. Nada de ello, la juntucha sucumbe a los caprichos de Arturo Murillo, el hombre fuerte del régimen, el que cree que el poder es eterno…
Triste aunque previsible final para el representante de las logias cruceñas –no lo afirmamos sólo nosotros, lo confirma el bocón del ministro de Gobierno–, quien desde el ministerio de finanzas lanzó un salvavidas por demás generoso a sus compinches agroempresarios, mediante la concesión de un préstamo que sale del bolsillo del pueblo boliviano. Nadie ha salido a defenderlo; por el contrario, ha recibido el aluvión de improperios de parte de su rival que, nuevamente, se da el lujo de cambiar el gabinete en nombre de la autoproclamada, que tampoco dice esta boca es mía. Punto de fricción ha sido la “devolución” a ELFEC de ciertas acciones que pasaron a poder del Estado merced a la política nacionalizadora del gobierno de Evo. Aunque Ortíz es un furibundo defensor del dejar hacer dejar pasar, creyó demasiado descarada la forma y el procedimiento para dar marcha a un proceso de desnacionalización en beneficio de los compinches cochabambinos.
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Restauración del neoliberalismo para beneficio de la agroindustria cruceña: la legalización de los transgénicos

No es novedad para nadie que consolidar a la agroindustria cruceña como su principal factor de apoyo, fue para la dictadura de Banzer su primer objetivo de transformación de la estructura social y económica boliviana.
La apertura sin control de la frontera agrícola, la superposición de nuevas haciendas sobre millones de hectáreas de tierras pertenecientes a comunidades originarias fue una realidad. El empatronamiento de millares de hermanos indígenas que trabajaban al interior de las nuevas haciendas en una suerte de esclavismo moderno, fue un hecho deplorado por organismos internacionales hasta entrado el siglo XXI.
Desde entonces, todos los ministros relacionados con la agroindustria, fueron impuestos por la CAO y la CAINCO, que esta demás expresar el poder político que tuvieron tanto en democracias como dictaduras.
La oligarquía agroindustrial cruceña, que además de manera inconstitucional e ilegal por estar a menos de 50 kilómetros de frontera, vendió tierras a empresas extranjeras, tenía como su primer objetivo vender el 70 u 80 de su producción industrial soyera al mercado externo, cosa que lo logró con productos como el azúcar y el algodón. Entre el 20 y 30 por ciento, estaría destinado a las industrias aceiteras y las fabricas de alimentos balanceados para animales.
Su segundo objetivo era la legalización de producción de transgénicos para el consumo humano.
¿Cuales fueron sus acciones de incidencia y durante que periodos de gobierno?
El 5 de abril del 2005, en el gobierno de Carlos Mesa luego un “dictamen técnico”(14/05) del Comité Nacional de Bioseguridad, es utilizado por el SENASAG para aprobar la resolución administrativa SENASAG 44/2005. Esta autoriza la utilización de soya transgénica resistente al glifosato (evento 40-3-2) para la elaboración de alimentos y bebidas de consumo humano. El 7 de abril del mismo año, o sea 2 días más tarde, se autoriza la producción agrícola y de semillas, procesamiento, comercialización interna y externa de la soya transgénica que había sido aprobada por el SENASAG, mediante la Resolución Multiministerial No 1, firmada por varios ministros del gabinete de Mesa.
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Sobre la apertura al uso de semillas transgénicas en Bolivia
NUESTRA PALABRA No 3
8 de mayo de 2020, fecha en la que el gobierno transitorio de Jeanine Añez desenmascara la verdadera intención de tomar por asalto la administración del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta fecha, no solamente fue posesionado Oscar Ortíz Antelo como nuevo ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, sino que, minutos más tarde, amparados por la cortinade la emergencia sanitaria del coronavirus, se decreta la importación de semillas transgénicas supuestamente para garantizar la “reactivación económica”.

La sociedad en su conjunto rechaza esta nueva normativa por vulnerar a la Constitución Política del Estado (Art. 255. Parágrafo II. Núm. 8: Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.), pero principalmente por atentar contra la economía y la salud de la población.
La CPE ordena que “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”, consecuente con este mandato, el año 2011, el gobierno legítimo de Evo Morales, aprueba y promulga la Ley N° 144, De Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria que en su Art. 15°, parágrafo I, núm. determina que “No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificados de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”, normativa que en su momento generó críticas a la gestión del presidente Morales, pero que fueron el amparo legal para que la introducción de semillas transgénicas sean importadas con el fin único de sustitución de importaciones de combustibles como el diésel o la gasolina, hasta ahora subvencionados por el estado en su costo al consumidor final.
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