Etiqueta: Oscar Ortíz Antelo

A medida que se conocen más pormenores de la “reunión”, que se realizó en la Universidad Católica Boliviana, nuestro asombro y perplejidad crece.

Ya no encontramos palabras para calificarla, así como a sus protagonistas. Lo evidente, es que al margen de los detalles, la propia “reunión”, así como sus participantes, contenido y resultados, ratifican con claridad inobjetable, la consumación de un artero golpe de estado.

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Dos renuncias a sendos ministerios en menos de 24 horas dan la pauta del carnaval que es el gobierno de facto presidido por la autoproclamada presidenta Jeaninne Añez. Oscar Ortiz, el ex candidato del 3% en la anterior elección, y Oscar Mercado, no forman más parte del Ejecutivo que prometía ser de transición, respetuoso de las leyes y defensor de la democracia. Nada de ello, la juntucha sucumbe a los caprichos de Arturo Murillo, el hombre fuerte del régimen, el que cree que el poder es eterno…

Triste aunque previsible final para el representante de las logias cruceñas –no lo afirmamos sólo nosotros, lo confirma el bocón del ministro de Gobierno–, quien desde el ministerio de finanzas lanzó un salvavidas por demás generoso a sus compinches agroempresarios, mediante la concesión de un préstamo que sale del bolsillo del pueblo boliviano. Nadie ha salido a defenderlo; por el contrario, ha recibido el aluvión de improperios de parte de su rival que, nuevamente, se da el lujo de cambiar el gabinete en nombre de la autoproclamada, que tampoco dice esta boca es mía. Punto de fricción ha sido la “devolución” a ELFEC de ciertas acciones que pasaron a poder del Estado merced a la política nacionalizadora del gobierno de Evo. Aunque Ortíz es un furibundo defensor del dejar hacer dejar pasar, creyó demasiado descarada la forma y el procedimiento para dar marcha a un proceso de desnacionalización en beneficio de los compinches cochabambinos.

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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha resuelto admitir la demanda presentada por el candidato perdedor y actual ministro de la dictadura, Óscar Ortiz, para evitar la realización de las elecciones en los próximos 90 días, plazo computable desde el 3 de mayo pasado.

Por el momento, no es una negativa a acatar la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional que contempla ya una fecha tope para los comicios. Las elecciones nacionales deben permitir al pueblo boliviano elegir al gobierno legítimo y constitucional. Solamente este puede tener la autoridad y la representatividad necesarias para encarar la grave crisis nacional a la que nos ha empujado la dictadura de Jeaninne Añez y sus socios políticos Carlos Mesa y Fernando Camacho.

Desconocer el clamor popular por parte del TCP será abrir las puertas del caos y facilitar la consolidación de la dictadura. Negar el derecho al pueblo a elegir a sus gobernantes y representantes parlamentarios refleja el terror confeso de la derecha que se sabe de antemano perdedora en los próximos comicios electorales.

El Movimiento Guevarista de Bolivia exige al TCP una respuesta enmarcada en las normas vigentes y el clamor de la ciudadanía, de los movimientos sociales y hasta de los mismos candidatos de la derecha, que coinciden en la necesidad de convocar a elecciones a la brevedad posible. Esta petición es unánime y merece de parte del órgano supremo electoral una respuesta a esa altura. En caso contrario, los movimientos sociales y organizaciones populares, no tendrán más camino que el de la movilización para recuperar la democracia secuestrada por órdenes del imperialismo yanqui.

Elecciones ya!

Bolivia 27 de mayo de 2020

Dirección Nacional Movimiento Guevarista de Bolivia

No es novedad para nadie que consolidar a la agroindustria cruceña como su principal factor de apoyo, fue para la dictadura de Banzer su primer objetivo de transformación de la estructura social y económica boliviana.

La apertura sin control de la frontera agrícola, la superposición de nuevas haciendas sobre millones de hectáreas de tierras pertenecientes a comunidades originarias fue una realidad. El empatronamiento de millares de hermanos indígenas que trabajaban al interior de las nuevas haciendas en una suerte de esclavismo moderno, fue un hecho deplorado por organismos internacionales hasta entrado el siglo XXI.

Desde entonces, todos los ministros relacionados con la agroindustria, fueron impuestos por la CAO y la CAINCO, que esta demás expresar el poder político que tuvieron tanto en democracias como dictaduras.

La oligarquía agroindustrial cruceña, que además de manera inconstitucional e ilegal por estar a menos de 50 kilómetros de frontera, vendió tierras a empresas extranjeras, tenía como su primer objetivo vender el 70 u 80 de su producción industrial soyera al mercado externo, cosa que lo logró con productos como el azúcar y el algodón. Entre el 20 y 30 por ciento, estaría destinado a las industrias aceiteras y las fabricas de alimentos balanceados para animales.

Su segundo objetivo era la legalización de producción de transgénicos para el consumo humano.

¿Cuales fueron sus acciones de incidencia y durante que periodos de gobierno?

El 5 de abril del 2005, en el gobierno de Carlos Mesa luego un “dictamen técnico”(14/05) del Comité Nacional de Bioseguridad, es utilizado por el SENASAG para aprobar la resolución administrativa SENASAG 44/2005. Esta autoriza la utilización de soya transgénica resistente al glifosato (evento 40-3-2) para la elaboración de alimentos y bebidas de consumo humano. El 7 de abril del mismo año, o sea 2 días más tarde, se autoriza la producción agrícola y de semillas, procesamiento, comercialización interna y externa de la soya transgénica que había sido aprobada por el SENASAG, mediante la Resolución Multiministerial No 1, firmada por varios ministros del gabinete de Mesa.

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NUESTRA PALABRA No 3

8 de mayo de 2020, fecha en la que el gobierno transitorio de Jeanine Añez desenmascara la verdadera intención de tomar por asalto la administración del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta fecha, no solamente fue posesionado Oscar Ortíz Antelo como nuevo ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, sino que, minutos más tarde, amparados por la cortinade la emergencia sanitaria del coronavirus, se decreta la importación de semillas transgénicas supuestamente para garantizar la “reactivación económica”.

La sociedad en su conjunto rechaza esta nueva normativa por vulnerar a la Constitución Política del Estado (Art. 255. Parágrafo II. Núm. 8: Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.), pero principalmente por atentar contra la economía y la salud de la población.

La CPE ordena que “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”, consecuente con este mandato, el año 2011, el gobierno legítimo de Evo Morales, aprueba y promulga la Ley N° 144, De Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria que en su Art. 15°, parágrafo I, núm. determina que “No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificados de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”, normativa que en su momento generó críticas a la gestión del presidente Morales, pero que fueron el amparo legal para que la introducción de semillas transgénicas sean importadas con el fin único de sustitución de importaciones de combustibles como el diésel o la gasolina, hasta ahora subvencionados por el estado en su costo al consumidor final.

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